La Universidad Nacional de La Plata decidió intervenir en uno de los conflictos más calientes de la ciudad. A través de su Consejo Social, y con el respaldo de investigadores del Conicet, presentó esta semana un informe ante la Municipalidad en el que advierte sobre el riesgo de que La Plata pierda definitivamente su sistema de recuperación de residuos. También ofreció conformar una mesa de trabajo conjunta entre el Municipio y las cooperativas de reciclado.
La movida llega en un momento crítico. El martes venció el contrato que la gestión del intendente Julio Alak mantenía con las organizaciones de recuperadores urbanos, sin perspectivas claras de renovación.
Qué propone la UNLP y por qué interviene ahora
El documento que la Universidad elevó al Municipio plantea que la gestión de residuos urbanos no puede reducirse a una cuestión de limpieza pública. Sostiene, en cambio, que debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple las dimensiones ambiental, social y económica al mismo tiempo.
En ese marco, los equipos técnicos de la UNLP se pusieron a disposición de ambas partes para diseñar indicadores que permitan evaluar y fortalecer el sistema existente. La propuesta incluye indicadores ambientales, operativos y económicos, con el objetivo de construir un modelo más eficiente y sostenible en el tiempo.
La UNLP también mencionó su propio proyecto en desarrollo a través del CIDEPS, el Centro Interinstitucional para el Desarrollo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria. Allí se trabaja en encontrar nuevos usos para plásticos de bajo valor comercial —como bolsas, films y envoltorios— transformándolos en materiales y equipamiento urbano. Para que esos desarrollos tengan futuro, aclararon, la continuidad del sistema cooperativo es indispensable.
«Esta apuesta de la Universidad requiere no sólo del sostenimiento del sistema de recuperación del Municipio, con eje en las cooperativas, sino en su fortalecimiento», concluye el documento.
Los números que preocupan: el reciclado cayó casi a la mitad
El informe de la UNLP incluye datos concretos que grafican el deterioro del sistema. En 2022, la ciudad reciclaba 26.630 toneladas de residuos al año, lo que representaba el 9% del total generado. Hoy esa cifra bajó a 14.454 toneladas anuales, con una tasa de recuperación del 4,89%.
En tres años, entonces, La Plata pasó de reciclar casi el 10% de sus residuos a recuperar menos del 5%. La diferencia no desaparece: todo el material que no se clasifica y recupera termina enterrado en el Ceamse, con el costo que eso implica para el Estado municipal.
Para los investigadores, revertir esa tendencia no solo tiene sentido ambiental. También representa una oportunidad para generar empleo genuino y valor agregado dentro de la economía popular.
El conflicto con la Municipalidad y lo que reclaman los cooperativistas
El escenario de fondo es tenso. La semana pasada, una protesta de cooperativistas frente al Palacio Municipal derivó en incidentes y detenciones. El Municipio estimó daños por más de 43 millones de pesos. Desde entonces, las organizaciones de recuperadores urbanos reclaman públicamente la apertura de una mesa de negociación y la continuidad de sus puestos de trabajo.
La Municipalidad, por su parte, explicó que decidió no renovar los convenios para avanzar hacia un esquema de licitaciones. Lanzó un proceso licitatorio para servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido, pero ese pliego no contempla el reciclado de residuos. Eso significa que las cooperativas, aunque quisieran participar del nuevo proceso, no tendrían cómo hacerlo: el servicio que prestan simplemente no está incluido.
Esta semana, los cooperativistas también convocaron a una «volanteada y semaforazo» bajo el lema «En defensa del reciclaje», para mantener visible el reclamo por los 200 puestos de trabajo en riesgo.
Qué puede pasar de acá en adelante
Por ahora, la pelota quedó del lado del Municipio. La UNLP presentó el informe, ofreció su mediación técnica y dejó en claro que el sistema de reciclado tiene respaldo científico e institucional. Pero la decisión política de renovar o no los contratos —o de incorporar el reciclado en la licitación— depende exclusivamente de la gestión de Alak.
Lo que la intervención universitaria agrega es un argumento difícil de ignorar: no se trata solo de un conflicto laboral, sino de una política ambiental que retrocedió a la mitad en tres años. Y que, si no se sostiene institucionalmente, puede tardar mucho más en recuperarse.
