Un informe del Centro de Economía Política Argentina muestra que la caída de transferencias nacionales generó una ola de conflictos en educación, salud, seguridad y justicia en todo el país. Buenos Aires cerró acuerdos, pero con tensiones que persisten. La trampa que describe el CEPA: los adelantos de coparticipación que el gobierno ofrece como solución consolidan el problema.
La caída del consumo se tradujo en menos recaudación. Menos recaudación, en menos coparticipación para las provincias. Y menos recursos provinciales, en conflictos laborales en los servicios que más necesita la gente: educación, salud, seguridad y justicia. Esa cadena la documentó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe de agosto 2026, que relevó al menos 101 conflictos laborales en el sector público durante lo que va del año en todo el país.
El número es contundente pero tiene una dimensión más alarmante: el 45,5% de esos conflictos siguen activos. No lograron resolverse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales. El 54,5% restante llegó a un acuerdo, pero el CEPA advierte que constituye «una solución momentánea hasta la próxima negociación».
La caída de recursos que explica todo
Las provincias argentinas dependen mayoritariamente de los recursos que envía el Estado nacional. En promedio, la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) representa el 58,2% de los ingresos provinciales. Si se suman el resto de las Transferencias de Origen Nacional (RON), el guarismo sube al 71,6%.
El problema es que esos recursos cayeron de manera sostenida desde que asumió Milei. El promedio móvil de los RON se ubica un 10,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La CFI, un 12% por debajo del mismo período. Y los recursos provinciales propios —lo que cada provincia recauda por su cuenta— muestran una caída todavía más pronunciada: el promedio móvil a mayo 2026 se ubica un 19,6% por debajo del punto de partida.
El gasto provincial, por su parte, no tiene mucho margen de ajuste. Entre el 70% y el 80% del presupuesto de cualquier provincia se destina a servicios sociales: salarios de docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y jubilaciones. Cuando los recursos caen, esos sectores son los primeros en sentirlo.
Buenos Aires: acuerdos entre comillas
El informe del CEPA coloca a la provincia de Buenos Aires en una situación aparentemente resuelta: todos los sectores relevados —educación, empleo público, judiciales, policía y salud— cerraron acuerdo paritario.
Pero los matices importan. En educación, el acuerdo llegó tras el primer paro provincial docente en seis años, y el sector sostiene igualmente el plan de lucha nacional de CTERA —el que derivó en el paro de 48 horas del 27 y 28 de agosto. En empleo público, al acuerdo se sumó el pase a planta permanente de trabajadores temporarios, pero ATE nacional mantiene su plan de lucha por recomposición de emergencia. En judiciales, persisten reclamos estructurales no salariales —vacantes, carrera judicial— que el acuerdo salarial no resolvió. En policía, el acuerdo no despejó del todo el malestar salarial de base.
La foto de Buenos Aires es la más favorable del informe. El fondo tiene más ruido de lo que el marco de «acuerdos” sugiere.
Las provincias más conflictivas: Corrientes, Entre Ríos y Tierra del Fuego
En el otro extremo del mapa, hay provincias donde prácticamente ningún sector logró cerrar acuerdo. Corrientes no tiene acuerdo en educación, empleo público, judiciales, policía ni salud. Entre Ríos tiene todos los sectores con medidas de fuerza activas —paros de 48 horas, ollas populares en salud, denuncias por adicionales policiales. Tierra del Fuego sostiene un paro por tiempo indeterminado en educación, sin inicio de clases.
Chaco, San Luis y CABA también acumulan conflictos activos en la mayoría de los sectores. En San Luis, todos los aumentos fueron dispuestos unilateralmente —sin paritaria— y rechazados por los gremios por insuficientes. En salud se suma la denuncia de una migración masiva de personal a provincias vecinas.
La trampa de los adelantos: deuda que consolida el problema
Para paliar la crisis de recursos, el gobierno nacional recurrió a anticipos financieros sobre fondos coparticipables. El Decreto 219/2026 habilitó adelantos por hasta $400.000 millones para doce provincias. En junio, el Decreto 474/2026 amplió el esquema a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe con el mismo tope.
El CEPA explica por qué ese mecanismo es una trampa y no una solución: no son recursos nuevos sino adelantos que cada provincia debe devolver dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y con retención automática sobre su propia coparticipación. El límite del esquema quedó a la vista cuando varias provincias asistidas en abril debieron pedir refinanciación al no poder cancelarlos.
La conclusión del informe es la más precisa para leer el escenario de los próximos meses: «La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias. De ahora en más, el gobierno nacional solo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.»
Lo que esto significa para La Plata y el Gran La Plata
El informe del CEPA pone en perspectiva lo que está ocurriendo: no es una disputa aislada sino parte de un fenómeno nacional que tiene raíz en la caída de la coparticipación.
La provincia de Buenos Aires cerró acuerdos en los sectores que más traccionan localmente. Pero el CEPA advierte que «los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo» en un contexto de aceleración inflacionaria y pérdida acumulada del poder adquisitivo.
