La administración de Axel Kicillof transita septiembre con un mapa de conflictos laborales que se multiplicó en pocas semanas. Docentes, judiciales, estatales, trabajadores de Infraestructura y empleados municipales reclaman simultáneamente reapertura de paritarias o mejoras sectoriales.
El escenario combina una presión fiscal real —consecuencia directa del recorte de transferencias nacionales— con un costo político que el gobernador bonaerense no puede ignorar a menos de un año de las PASO de 2027.
El detonante: la presión fiscal que viene de arriba
La Provincia de Buenos Aires absorbió en 2024 y 2025 el impacto del ajuste nacional sobre la coparticipación y la obra pública. Esa transferencia de presión fiscal sobre los estados provinciales obligó al gobierno de Kicillof a administrar recursos más escasos. También generó tensiones con la masa salarial del Estado bonaerense, que representa la mayor parte del gasto provincial. En ese contexto, las paritarias cerradas a principios de año perdieron valor frente a una inflación que, aunque desacelerada, acumuló impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
Contaduría y Tesorería: el primer conflicto que encontró salida
El foco más reciente fue el protagonizado por APOC, el gremio que nuclea a trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General de la Provincia. El conflicto tuvo origen en el cambio de régimen horario aplicado desde 2023. Por entonces, la jornada semanal pasó de 30 a 40 horas para trabajadores de la Ley 10.430, sin un correlato salarial completo en determinados adicionales.
En septiembre, las retenciones de tareas comenzaron en dos horas y se extendieron hasta cuatro. Además, la disputa tiene una causa judicial abierta sobre la aplicación del nuevo régimen. Finalmente, el gremio aceptó una propuesta del Ejecutivo: un 6,25% en octubre y otro 6,25% en diciembre sobre esos adicionales, con correcciones para categorías jerárquicas. Sin embargo, persisten retenciones de tareas y diferencias internas entre trabajadores respecto a los términos del acuerdo.
Infraestructura: el conflicto que aún no se resuelve
En el Ministerio de Infraestructura, AEMOPBA y ATE sostienen movilizaciones y retenciones de tareas por un adicional sectorial que el gremio reclama negociar. Asimismo, los trabajadores denunciaron situaciones de intimidación y cuestionaron el accionar de la conducción de la cartera. En ese caso, la negociación no encontró todavía un canal de resolución.
La ola docente, judicial y municipal
El frente más amplio es la demanda de reapertura de paritarias. El Frente de Unidad Docente Bonaerense —que integran SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA— presentó formalmente el pedido ante el Ministerio de Trabajo. También reclaman la reapertura ATE y la Asociación Judicial Bonaerense, que recuerda que ese mecanismo estaba acordado desde la paritaria de julio. Por otro lado, FESIMUBO impulsó cortes y movilizaciones en varios municipios bonaerenses para reclamar mejoras salariales y el funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal.
De esta manera, la discusión dejó de ser sectorial para volverse transversal. No se trata ya de adicionales específicos, sino de una demanda amplia que atraviesa el Estado provincial y los municipios. En tanto, la liquidación de septiembre comenzó sin novedades ni acuerdos a la vista.
El trasfondo político
La acumulación de conflictos simultáneos no pasa desapercibida en el mapa político bonaerense. Kicillof enfrenta reclamos de sectores que históricamente forman parte de la base electoral del peronismo. En ese sentido, la interna del propio movimiento —con La Cámpora presionando desde el flanco de Cristina Kirchner y Sergio Massa construyendo su propia candidatura— amplifica la visibilidad de cualquier conflicto gremial con el Estado provincial.
Sin embargo, el gobierno encontró al menos un canal de negociación efectivo con APOC. Así, el esquema muestra que existen salidas posibles cuando hay voluntad de negociar. El problema es la simultaneidad: con varios frentes abiertos al mismo tiempo y el año electoral en el horizonte, cada paritaria no resuelta se convierte en un costo político adicional para un gobernador que busca consolidarse como la principal figura del peronismo bonaerense.
