Casi un año después del incendio en diagonal 77 y 48, la Municipalidad de La Plata ordenó iniciar acciones legales para que la familia Aloise devuelva el dinero que puso la Comuna para tirar abajo el edificio. El costo lo pagaron los platenses.
El intendente Julio Alak ordenó iniciar una demanda judicial contra los herederos de Vicente Aloise para recuperar los fondos que la Municipalidad desembolsó para demoler el edificio destruido por el incendio del 16 de julio de 2025 en diagonal 77 y 48, en pleno centro de La Plata.
La obra fue contratada con la empresa Demoliciones Mitre SRL por un total de $345.406.573. Ese dinero lo puso el Municipio. Ahora, la Comuna quiere que lo paguen quienes, según la ley, debían hacerse cargo desde el primer momento: los propietarios del inmueble.
Quiénes son los herederos y qué dice la Justicia
El edificio pertenecía al empresario local Vicente Aloise, fallecido en abril de 2021. Sus herederos universales son su viuda, Élida Betty Gabutti, y sus tres hijos: Oscar Alberto, Roxana y María Alejandra Carmen Aloise.
La única imputada penalmente es Roxana Aloise, titular de Al Tecno S.A., la empresa que operaba el depósito sin habilitación municipal ni seguro contra incendios. Pero en el plano civil, el panorama es más amplio: aunque la responsabilidad penal es individual, los damnificados pueden avanzar sobre el conjunto del patrimonio sucesorio, sin importar si los otros herederos tuvieron participación en la actividad comercial de Roxana.
La Municipalidad está yendo exactamente por ese camino.
El incendio que paralizó el centro de La Plata
El depósito estaba clausurado desde el 25 de junio de 2025 por orden municipal, y la clausura fue ratificada por el Juzgado de Faltas el 2 de julio, apenas días antes del siniestro. Pese a eso, seguía en funcionamiento.
El fuego destruyó la estructura de cuatro pisos, dejó pérdidas valuadas en más de un millón y medio de dólares, afectó el cableado de la calle, destruyó varios vehículos y obligó a la evacuación de un edificio multifamiliar de ocho pisos.
Más de 50 familias debieron abandonar sus hogares. Muchas de ellas tardaron semanas en poder volver. En los alrededores hay pensiones y edificios de estudiantes universitarios que también quedaron afectados.
La demolición que pagó el Municipio
Alak estuvo presente cuando comenzó la demolición mecánica y explicó que el Municipio actuó en cumplimiento del Código de Construcciones, que obliga a demoler cuando hay riesgo inminente de derrumbe. La obra duró aproximadamente tres semanas.
Lo que no quedó claro en ese momento era quién pagaría la cuenta. Ahora el intendente resolvió la pregunta por la vía judicial.
Un patrimonio en la mira y una sucesión complicada
La familia Aloise no está en posición cómoda para afrontar lo que viene. El inmueble siniestrado tiene una hipoteca vigente en favor de YPF por una deuda que data de cuando allí funcionaba una estación de servicio, y esa hipoteca está en ejecución judicial.
El resto del patrimonio declarado en la sucesión incluye dos inmuebles sobre calle 12, una propiedad en Villa Elisa, y otra en Mar del Plata. Todos esos bienes podrían quedar en la mira de las distintas demandas que avanzan en paralelo: vecinos afectados, propietarios de vehículos destruidos y EDELAP por los daños a la red eléctrica.
”Si se condena al acervo, se embargan y rematan los bienes. Después, los herederos podrán litigar entre ellos, pero primero hay que pagar», sintetizó una fuente judicial.
Otro frente de batalla judicial
La demanda municipal suma un frente más a una batalla judicial que ya tiene múltiples frentes abiertos. Con la causa penal avanzando contra Roxana Aloise y las demandas civiles de los damnificados en proceso, la sucesión de Vicente Aloise enfrenta un escenario donde los bienes familiares pueden terminar embargados antes de que se resuelva quién tuvo realmente la responsabilidad. Para el Municipio, la acción legal es también una señal política: los costos de emergencias provocadas por negligencia privada no los paga la Municipalidad —o al menos, no sin reclamar después.
