La Cámara Contencioso Administrativo suspendió la medida cautelar que obligaba a Milei a cumplir con la Ley 27.795. La definición pasa al máximo tribunal. La UNLP redobla el plan de lucha y prepara una concentración en Plaza San Martín para sumarse a la movilización nacional del martes 12.
A cuatro días de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Justicia le dio aire al Gobierno y suspendió la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar al recurso del Ejecutivo. La definición de fondo queda ahora en manos de la Corte Suprema.
El fallo cae en plena escalada del conflicto universitario. La UNLP atraviesa semanas de paros, marchas de antorchas y reclamos por paritarias, mientras los docentes denuncian una pérdida del 32% del salario real desde el inicio de la gestión libertaria.
Qué dice el fallo
El tribunal aceptó el planteo del Gobierno, que apeló la cautelar dictada en abril por la Justicia federal. Esa medida obligaba al Ejecutivo a cumplir con la ley, suspendida por decreto pese a haber sido aprobada por el Congreso en octubre del año pasado y a que los legisladores ratificaron la norma con los dos tercios después del veto presidencial.
Con la suspensión de la cautelar, la aplicación de la ley queda en suspenso hasta que se expida la Corte Suprema. La definición tiene peso institucional: la propia Justicia rechazó los argumentos económicos del Gobierno, pero habilitó la intervención del máximo tribunal para resolver el fondo.
El argumento del Gobierno
El Ministerio de Economía sostuvo, vía un informe técnico, que cumplir con la Ley 27.795 implicaría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Un planteo que los rectores, los gremios y la oposición rechazaron por considerarlo desproporcionado y manipulado.
Para los gremios, la cifra sirve como excusa política para mantener congelado el sistema. La realidad de las facultades, dicen, es la de salarios pulverizados, becas atrasadas y edificios sin mantenimiento.
La Marcha Federal en la capital provincial
El próximo martes 12 de mayo, la comunidad de la UNLP se concentrará en Plaza San Martín a partir de las 15:30 horas para sumarse a la jornada nacional convocada por rectores, gremios y federaciones estudiantiles.
La movilización local la encabezan el Frente Gremial Universitario, integrado por la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria La Plata (FULP). El epicentro nacional será Plaza de Mayo, donde confluirán columnas de todo el país bajo la consigna «Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional».
La fecha incluye paro de 24 horas en facultades y colegios preuniversitarios, lo que va a impactar en la actividad académica de toda la región.
Qué reclaman docentes y estudiantes
El reclamo va más allá del fallo judicial. Los docentes universitarios denuncian que la última oferta paritaria —15% en mayo, 5% en octubre y 11% en diciembre— está muy por debajo de la inflación proyectada y del costo de las tarifas. Conadu y ADULP rechazaron la propuesta y endurecieron el plan de lucha.
Las demandas centrales son tres: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo del salario, que según los gremios cayó casi un tercio en los últimos dos años.
A eso se suma el reclamo por la actualización de las becas estudiantiles, congeladas mientras los costos de transporte, alquiler y comida en pensiones cerca de la Universidad no paran de subir.
El peso económico y simbólico para la región
La UNLP no es una variable más de la economía platense: es el segundo empleador de la región, mueve el comercio del centro, sostiene buena parte del mercado de alquileres estudiantiles y funciona como motor cultural y científico de toda el área metropolitana.
El presupuesto 2026 le asignó $323.000 millones, casi $74.000 millones más que en 2025. Pero con la inflación acumulada superando el 30%, el incremento se traduce en una pérdida real de fondos. Para los gremios, ese es el punto: el ajuste sobre las universidades públicas no se discute en abstracto, golpea servicios, edificios, becas y proyectos de investigación.
Lo que se viene
La pelota queda en la Corte Suprema, que deberá decidir si la Ley 27.795 se aplica o si la suspensión por decreto prospera. Mientras tanto, la calle marca el ritmo: el martes 12 la UNLP volverá a estar en el centro de la pulseada, con concentración en Plaza San Martín y marcha a las facultades.
El escenario para las próximas semanas tiene tres frentes abiertos: el judicial en la Corte, el paritario con el Gobierno y el político en el Congreso, donde la oposición ya prepara nuevos proyectos para forzar la aplicación de la ley. En la región, la UNLP volverá a ser, otra vez, una de las grandes protagonistas de la pelea por el modelo de país en discusión.
