El gobierno bonaerense aprobó un marco obligatorio que establece quién controla, qué principios rigen y cómo se evalúa cada herramienta de IA antes de entrar en funcionamiento.
Un decreto que ordena lo que ya estaba pasando
La inteligencia artificial ya funcionaba dentro del Estado bonaerense. Lo que no existía era un marco que ordenara cómo, bajo qué condiciones y con qué controles.
Eso cambió este martes 14 de julio. El gobernador Axel Kicillof firmó el Decreto N° 742, que aprueba el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial. La norma rige para toda la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y autárquica.
El objetivo declarado es incorporar estas tecnologías para mejorar la eficiencia, la calidad y la transparencia de los servicios públicos. Pero también para garantizar que esa incorporación no resignifique derechos fundamentales ni genere sesgos o dependencias que el Estado no pueda controlar.
Ningún organismo puede avanzar sin Gobierno Digital
El punto más concreto del decreto es también el más determinante. Ningún ministerio, organismo descentralizado ni entidad autárquica podrá desarrollar, contratar, implementar o poner en funcionamiento sistemas de inteligencia artificial sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, que quedó designada como Autoridad de Aplicación.
Esa obligación no se limita a los sistemas nuevos. También alcanza a las modificaciones sustanciales de herramientas que ya estén operativas. E incluye incluso a las iniciativas financiadas con recursos externos.
En términos prácticos, ninguna repartición provincial puede avanzar sola. Antes de cada paso, tiene que pasar por Gobierno Digital.
Entre las atribuciones de esa Subsecretaría figuran la fijación de estándares técnicos, la homologación de las soluciones utilizadas por los distintos organismos, la elaboración de un manual de pautas para la contratación pública de IA y la evaluación y gestión de riesgos tecnológicos.
Los once principios que van a regir cada sistema
El decreto fija once principios rectores que deberán guiar cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del Estado bonaerense.
Los más destacados son la centralidad de las personas y el respeto por los derechos fundamentales, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas, la trazabilidad de los procesos automatizados y la supervisión humana sobre las decisiones adoptadas mediante IA. A esos se suman la protección de datos personales, la seguridad informática, la no discriminación y la prevención de sesgos algorítmicos.
El texto también incorpora el concepto de soberanía tecnológica. El objetivo es que el Estado desarrolle capacidades propias y reduzca la dependencia de proveedores externos que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.
Un registro obligatorio y un consejo asesor
Además del control previo, el marco crea un Registro de Inteligencia Artificial. Cada organismo deberá informar los sistemas que utiliza o desarrolla, su estado de implementación y las modificaciones que se produzcan.
El decreto también habilita la conformación de un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas, universidades y otros actores. Sus funciones serán consultivas: analizar riesgos, elaborar recomendaciones, proponer buenas prácticas y emitir informes sobre el uso de IA en el sector público. Sus integrantes ejercerán las funciones de manera ad honorem.
Qué se evalúa antes de habilitar una herramienta
Antes de que cualquier sistema de IA quede habilitado, el marco exige una evaluación de riesgo e impacto. Esa evaluación deberá contemplar los efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los datos de entrenamiento, la existencia de posibles sesgos, las consecuencias laborales que pueda generar la implementación y el impacto ambiental y energético del funcionamiento de estos sistemas.
El propósito explícito es que la incorporación de estas tecnologías no responda únicamente a criterios de eficiencia administrativa. También tienen que contemplarse los efectos sociales, jurídicos y económicos.
Los municipios, invitados a sumarse
La norma es obligatoria para todo el aparato provincial. Para los 135 municipios bonaerenses, el decreto incluye una invitación a adherir de manera voluntaria, respetando las competencias propias de cada distrito.
La adhesión no es automática ni obligatoria. Cada municipio decide si adopta los mismos principios y procedimientos para su propio uso de inteligencia artificial.
El debate también llega a la Legislatura
Mientras el Ejecutivo avanzaba por decreto, el tema también tomó estado parlamentario. La diputada provincial Silvina Nardini presentó un proyecto de ley para establecer un régimen específico sobre el uso de IA dentro de la administración pública bonaerense.
La iniciativa tomó impulso tras las denuncias por la manipulación digital y difusión de imágenes íntimas de estudiantes mediante inteligencia artificial. El episodio reabrió el debate sobre la necesidad de límites normativos frente a tecnologías capaces de generar contenidos difíciles de distinguir de los reales.
El proyecto propone crear un registro provincial de sistemas de IA de uso público, implementar auditorías técnicas periódicas y establecer capacitaciones obligatorias para los agentes estatales. También establece que las decisiones finales no podrán quedar exclusivamente en manos de algoritmos: deberán contar con validación humana.
La Nación también se movió
El debate no es exclusivamente bonaerense. En las últimas semanas, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobó la Guía de Controles para Inteligencia Artificial mediante la Resolución 197/2026.
El documento propone un esquema preventivo basado en la identificación y mitigación de riesgos para los proyectos de IA dentro de la administración pública nacional. Entre las amenazas identificadas aparecen la exposición de información sensible, el tratamiento inadecuado de datos personales, la dependencia de proveedores tecnológicos externos y la falta de trazabilidad sobre las decisiones automatizadas.
El titular de la SIGEN, Alejandro Díaz, sostuvo que la guía busca ofrecer un marco orientador para que cada organismo cuente con políticas institucionales claras y capacitación específica para sus equipos.
Con el decreto provincial ya firmado, un proyecto legislativo en tratamiento y la guía nacional aprobada, la regulación de la inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en un nuevo eje concreto de la gestión pública bonaerense.
