En el mismo día en que el país amaneció festejando el pase de la Selección a la final del Mundial con el grito de «Las Malvinas son Argentinas» como telón de fondo, el Senado de la Nación debatirá si levanta todos los controles legales sobre la compra de suelo argentino por parte de capitales extranjeros.
La paradoja tiene nombre propio: se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y detrás del nombre aparentemente técnico se esconde la derogación de la Ley de Tierras, la norma que desde 2011 fija los únicos límites nacionales a la extranjerización del territorio.
Lo que el proyecto modifica
El texto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y defendido abiertamente por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, elimina los tres pilares de la Ley N° 26.737. Primero: el tope del 15% de extranjerización sobre el total de tierras rurales provinciales y departamentales. Segundo: el límite de que una misma nacionalidad extranjera no concentre más del 30% de ese porcentual. Tercero: la restricción de que un único titular extranjero no pueda superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria.
Pero hay un detalle que los críticos señalan como especialmente riesgoso: el proyecto habilita la compra de tierras en zonas de seguridad de frontera a través de un mecanismo de silencio administrativo positivo. Es decir, si el Estado nacional o la provincia no se oponen en un plazo de 60 días, la autorización queda concedida de pleno derecho, sin acto expreso, sin firma, sin responsable visible. La entrega puede consumarse por omisión burocrática.
El mapa que la ley frena
Los números que aporta la ciencia incomodan la narrativa oficial. El gobierno argumenta que «ninguna provincia excede de forma global el límite del 15 por ciento». Un reciente mapa interactivo del Observatorio de Tierras, elaborado por el historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano de la UBA/CONICET, revela otro panorama.
Según ese relevamiento, 13 millones de hectáreas del territorio argentino —casi el 5% del país— ya están en manos extranjeras. La superficie equivale, con exacta ironía en este contexto, a la extensión total de Inglaterra. Y no son tierras dispersas o improductivas: el estudio detecta que 36 departamentos ya superan el 15% legal, y cuatro de ellos superan directamente el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta, todos con concentración de agua dulce, litio y minerales críticos.
En la provincia de Buenos Aires el porcentaje promedio (2,8%) está debajo de la media nacional, pero los investigadores identifican nodos geopolíticamente sensibles: Zárate y Campana, a la vera de la hidrovía del Paraná —la arteria fluvial por donde sale la mayor parte de la producción nacional—, con fuerte presencia de capitales chilenos que ya superan el límite legal local.
El podio de propietarios extranjeros lo encabeza Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas —una superficie mayor que la provincia de Tucumán—, seguido por firmas de origen italiano y español. El caso Benetton en Cushamen, Chubut, sigue siendo el emblema de los conflictos socioambientales que este modelo genera.
Oberlin es terminante: «No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa«.
Argentina va a contramano del mundo
El argumento oficial para derogar la ley es la «modernización» y la atracción de inversiones. Pero el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desmontó esa lógica con una comparación que el gobierno nacional preferiría no discutir.
«La excepción no son las restricciones. La excepción sería la Argentina», escribió Bianco en sus redes. Y enumeró: Brasil limita la propiedad extranjera al 25% de la superficie de cada municipio. México conserva desde 1917 restricciones constitucionales sobre tierras en fronteras y costas. China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam reservan directamente la propiedad de la tierra para sus nacionales. En Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump lanzó recientemente un plan de acción de seguridad agrícola para frenar la compra foránea de tierras productivas.
«Hay una razón por la que cada vez más países regulan la compra de tierras por extranjeros», señaló Bianco. «La tierra no es sólo un activo inmobiliario: alberga agua, minerales, energía, alimentos, infraestructura y posiciones estratégicas. Milei va a contramano del mundo, y arrastra a la Argentina en el camino.»
Del menemismo a Milei: una historia de puertas abiertas
La extranjerización masiva del suelo argentino no comenzó con La Libertad Avanza, aunque este gobierno representa su intento más explícito de formalizarla. En 1996, la presidencia de Carlos Menem autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, vulnerando el Decreto 15.385 de 1944 que blindaba esas áreas para ciudadanos argentinos. Fue en ese marco donde se consolidaron los casos más recordados: Joe Lewis en Lago Escondido, con acceso bloqueado al lago; Benetton en Cushamen, con décadas de conflicto territorial con comunidades mapuches.
El boom de los precios de los commodities en los 2000 abarató el suelo argentino para el capital extranjero y aceleró el proceso. Eso motivó la sanción de la Ley 26.737 en 2011. En 2016, el Decreto 820 de Macri flexibilizó los controles y alteró los criterios técnicos para definir quién era considerado «extranjero», generando una baja ficticia de los porcentajes en los registros oficiales sin que en la realidad hubiera recuperación territorial alguna.
El primer intento de Milei fue fulminante: el artículo 154 del DNU 70/2023 intentó barrer la Ley de Tierras de un plumazo. Lo frenó —otra paradoja de esta jornada— el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que obtuvo una medida cautelar en enero de 2024. Con ese camino vedado, el oficialismo trasladó la batalla al Congreso.
Lo que está en juego según los juristas
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue uno de los más contundentes al calificar el proyecto. En un análisis publicado esta semana, señaló que más allá de que la propiedad ya es inviolable desde 1853 por el artículo 17 de la Constitución —lo que convierte el nombre del proyecto en una tautología—, el articulado que modifica la Ley de Tierras «habilita la pérdida de soberanía mediante el desmembramiento territorial a través de personas extranjeras y Estados extranjeros».
Sobre el mecanismo del silencio administrativo, Gil Domínguez advirtió que «semejante decisión puede quedar consumada no por un acto estatal expreso, fundado y responsable, sino por el mero silencio de funcionarios que dejan transcurrir un plazo».
Su diagnóstico final fue categórico: «El dominio privado no se confunde jurídicamente con la soberanía estatal, pero puede afectar sus presupuestos materiales. Un Estado que renuncia a controlar su territorio no amplía la libertad de sus habitantes: comienza a abdicar de su propia existencia.»
La votación con números ajustados
El oficialismo confía en poder aprobar el paquete este jueves, pero los votos siguen siendo sumamente ajustados. Las miradas están puestas en los senadores «dialoguistas», cuyo silencio —esta vez de otro tipo, no el administrativo— podría definir la suerte del proyecto. Desde que se firmó el dictamen hace más de dos meses, el texto tuvo 15 versiones y todavía se esperan modificaciones sobre la marcha durante el debate en particular.
La oposición nucleada en Unión por la Patria buscará bloquearlo. Carlos Bianco dejó un mensaje hacia el futuro electoral: «El gobierno peronista que va a gobernar desde diciembre de 2027 va a revisar esta disposición de entrega del territorio nacional.» El Registro Nacional de Tierras Rurales, entretanto, confirma que el nivel real de extranjerización es del 5,57% del territorio, muy por debajo del techo del 15% que la ley que se quiere derogar establece, lo que para sus defensores vuelve inexplicable la urgencia de esta reforma.
