El gobierno bonaerense reglamentó nuevos controles y requisitos para liberar fondos de infraestructura mientras los intendentes presionan para usar parte del dinero en gastos corrientes. En varios municipios ya advierten dificultades para sostener servicios y obras.
La administración de Axel Kicillof decidió endurecer las condiciones para que los municipios accedan a fondos provinciales destinados a infraestructura y obra pública, en un contexto donde las comunas atraviesan fuertes problemas financieros y reclaman mayor margen para manejar recursos. La medida cayó en medio de un planteo cada vez más explícito de intendentes de distintos espacios políticos que buscan utilizar esos fondos con mayor libertad ante la caída de la recaudación y el aumento de costos.
La resolución fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Gabriel Katopodis y fija una batería de requisitos técnicos, administrativos y de control para habilitar desembolsos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
El movimiento político no pasó desapercibido: mientras los municipios empujaban en la Legislatura un esquema de libre disponibilidad para afrontar salarios, mantenimiento urbano y servicios básicos, la Provincia respondió reforzando auditorías y mecanismos de validación sobre cada proyecto.
Más papeles, más controles y desembolsos atados al avance de obra
La nueva reglamentación obliga a los municipios a presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, documentación dominial y certificaciones técnicas firmadas por funcionarios responsables para acceder al dinero provincial.
Además, la Provincia se reservó la posibilidad de revisar costos, analizar la razonabilidad de los presupuestos y verificar que no existan superposiciones con otras obras ya financiadas.
La Dirección Provincial de Infraestructura Municipal tendrá la última palabra antes de habilitar cada transferencia.
El esquema también condiciona los pagos al avance efectivo de las obras.
Para recibir un segundo desembolso, los municipios deberán acreditar al menos un 20% de ejecución y cumplir con la instalación del cartel oficial correspondiente. El tercer giro recién llegará cuando exista un avance superior al 50% y se presenten las rendiciones administrativas exigidas por la Provincia.
En términos concretos, el mensaje de la Gobernación parece apuntar a evitar que los fondos terminen absorbidos por el déficit operativo de municipios golpeados por la recesión.
Municipios con menos recursos y más gastos
El reclamo de los intendentes viene creciendo desde hace semanas, aunque con un tono más pragmático que político: muchos distritos ya reconocen dificultades para sostener servicios básicos, cubrir aumentos salariales y mantener el ritmo de obras locales.
Jefes comunales del peronismo, la UCR y el PRO agrupados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE) pidieron que el fondo tenga libre disponibilidad total o parcial para poder afrontar gastos urgentes en un escenario económico cada vez más ajustado.
Detrás del planteo aparece un dato que preocupa en los municipios bonaerenses: la caída de la actividad económica empezó a impactar de lleno sobre tasas locales, comercio y consumo, reduciendo ingresos en muchas comunas.
A eso se suma el freno de gran parte de la obra pública nacional desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, una situación que obligó a muchos municipios a absorber tareas de mantenimiento y asistencia que antes tenían financiamiento compartido.
La Plata mira de cerca el movimiento de la Provincia
En La Plata, donde Julio Alak intenta sostener una agenda fuerte de infraestructura urbana y recuperación de servicios municipales, el endurecimiento de controles agrega una nueva capa administrativa sobre proyectos que dependen de validación provincial.
Aunque el municipio mantiene alineamiento político con la Gobernación, el nuevo esquema impacta sobre todos los distritos y podría ralentizar tiempos de aprobación y ejecución en obras locales.
La discusión también deja expuesto otro dato político: incluso dentro del oficialismo bonaerense empieza a aparecer una demanda silenciosa de mayor autonomía financiera para los municipios frente a una crisis económica que no da señales claras de recuperación.
Por ahora, la Provincia eligió otro camino: blindar los fondos, reforzar controles y mantener bajo supervisión cada transferencia.
Y en varios municipios ya leen la decisión como una señal de que el margen para improvisar con las cuentas públicas se achicó todavía más.
