El bloque libertario ingresó al Concejo Deliberante una iniciativa que obliga a secretarios, subsecretarios, directores y jefes municipales a aprobar una evaluación técnica antes de asumir. Sin nombrarlo, el proyecto apunta al corazón de la gestión Alak y suma un capítulo a la agenda opositora rumbo a 2027.
El Concejo Deliberante de La Plata vuelve a ser escenario de una jugada opositora que combina reclamo técnico con volumen político. El bloque de La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto de ordenanza que —de aprobarse— obligaría a todos los funcionarios jerárquicos de la Municipalidad a aprobar un examen psicolaboral antes de asumir. Sin decirlo con todas las letras, la iniciativa apunta al gabinete de Julio Alak y a la línea media que sostiene la gestión.
La propuesta llega en un momento de tensión creciente: en las últimas semanas el bloque libertario venía subiendo el tono con pedidos de informes por loteos ilegales y cuestionamientos a la Rendición de Cuentas 2025.
Qué propone y a quiénes alcanza
El examen sería obligatorio y previo a la designación. Alcanzaría a un espectro amplio del organigrama: secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores, jefes de departamento, jefes de división y cualquier otro cargo que implique conducción de personal, administración de recursos públicos o toma de decisiones de «especial responsabilidad institucional».
Para implementarlo, el proyecto crea la Junta Interdisciplinaria de Aptitud, integrada por profesionales especializados —a definir por reglamentación— que emitirían un dictamen técnico vinculante. Traducido: si la Junta rechaza al postulante, el Ejecutivo no podría avanzar con el nombramiento.
Qué se evalúa
La iniciativa aclara que no es un diagnóstico clínico ni psiquiátrico, sino una evaluación de aptitud funcional. Las competencias a medir incluyen equilibrio emocional, capacidad para manejar conflictos, liderazgo, tolerancia a la presión, respeto por las normas y trabajo en equipo. En paralelo, se buscan «indicadores de riesgo» vinculados a tres fenómenos con fuerte agenda pública: abuso de poder, violencia laboral y hostigamiento. La confidencialidad quedaría preservada por norma expresa.
El argumento legal: por qué se apoya en la Ley 14.656
El proyecto se para sobre un dato normativo concreto: la Ley Provincial 14.656, que regula el empleo municipal bonaerense, ya exige un examen de salud psicofísico preocupacional. Pero, según los fundamentos, esa evaluación «no desarrolla el alcance técnico necesario» ni distingue entre cargos operativos y cargos de conducción. El movimiento discursivo es prolijo: no se agrega un nuevo requisito, se «fortalece» uno ya vigente.
En los fundamentos aparece una definición de fondo: «la idoneidad no puede interpretarse únicamente como la acreditación de conocimientos técnicos o antecedentes académicos». La lectura implícita es que el título profesional no alcanza.
La lectura política: una operación en toda la línea
Detrás del envoltorio técnico, el proyecto es una jugada política. Sin nombrar a la gestión municipal, la coloca bajo sospecha: si el Ejecutivo se opone, aparece como partidario de designar funcionarios sin filtro; si acepta, cede a la oposición la potestad de validar cada nombramiento clave.
La jugada replica, en clave local, una lógica que La Libertad Avanza despliega a nivel nacional y provincial: auditar al Estado como método de instalación de agenda, cuestionar la calidad institucional de las gestiones que administran otras fuerzas y introducir dispositivos técnicos que funcionan como caballo de Troya de la agenda de control. Sumada a los pedidos de informes recientes, el bloque compone una agenda de fiscalización opositora con la mira puesta en 2027.
Los agujeros del proyecto
El debate técnico es legítimo, pero la letra chica abre preguntas incómodas:
- ¿Quiénes integran la Junta? El texto delega en la reglamentación la definición de los profesionales. En la práctica, quien reglamenta define quién controla al Ejecutivo.
- ¿Qué pasa con un dictamen «no apto»? Sin protocolos de apelación y revisión, el mecanismo puede transformarse en veto opositor de nombramientos legítimos.
- ¿Se aplica a los concejales? El proyecto es solo para el Ejecutivo. Los cargos electivos del Legislativo local —incluidos los del bloque proponente— quedan afuera.
- ¿Qué costo tiene? No hay cuantificación del gasto que implicaría la Junta ni indicación de dónde saldrían los recursos.
El contexto: una oposición platense que sube el volumen
La iniciativa se conoce en un momento donde el mapa político local se recompone: La Libertad Avanza consolida su bloque en el Concejo, el PRO local navega la tensión entre integrarse al armado libertario o sostener perfil propio, y el peronismo bonaerense —con Alak en La Plata y Kicillof en la Provincia— se planta como reserva opositora al Gobierno nacional.
Cada movimiento en el Concejo se lee en dos claves: institucional (si mejora la gestión) y electoral (cómo ordena la disputa 2027 en una plaza clave). El bloque libertario apuesta a instalar la «calidad institucional» como bandera propia, la misma jugada que se replica —con matices— en el Colegio de la Abogacía, la Legislatura provincial y el Congreso nacional.
Proyección
El proyecto difícilmente se apruebe en su versión original: la mayoría del Concejo pertenece al espectro peronista y sus aliados, y una Junta con dictamen vinculante es difícil de aceptar para un Ejecutivo que perdería autonomía en cada designación. Pero lo importante no es tanto qué le pasa en el recinto, sino la marca política que instala: la oposición libertaria coloca sobre la mesa la pregunta por la idoneidad de los funcionarios y obliga al oficialismo a defender designaciones. En una ciudad con comercio en caída, servicios en alza y debate crónico por transparencia, el tema tiene con qué prender. La pelea, más que en el recinto, se va a librar en la calle y en las redes.
