El magistrado a cargo de la ejecución de la pena le recordó a la expresidenta que el despliegue de la bandera entre su balcón y un edificio lindero, organizado por la intendenta de Quilmes, viola las condiciones de su detención. Le advirtió que un nuevo incumplimiento puede mandarla directamente a la cárcel.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la ejecución de la pena de Cristina Kirchner, firmó hoy una advertencia formal a la expresidenta tras el acto del fin de semana en San José 1111. Si vuelve a repetirse una escena similar, la consecuencia directa sería la revocación de su prisión domiciliaria.
La movida de Mayra Mendoza le costó cara a Cristina Kirchner: la Justicia amenaza con quitarle la prisión domiciliaria
La advertencia llegó por escrito y sin rodeos. El juez Rodrigo Giménez Uriburu, responsable de controlar el cumplimiento de la pena de seis años que recae sobre Cristina Kirchner, intimó a la expresidenta a no repetir conductas que pongan en riesgo su prisión domiciliaria en San José 1111. El antecedente: la bandera que el sábado tendieron militantes de Quilmes entre su balcón y un edificio de la vereda de enfrente.
Una bandera, un acto y una falta
Como informara InfoPlatense, todo ocurrió en el marco de los homenajes por el primer año de detención de CFK. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, encabezó la convocatoria y un grupo de militantes extendió una bandera con la leyenda «De San José 1111 a la Rosada”, sostenida con cables tensores desde un edificio vecino hasta el balcón del departamento de la expresidenta. Cristina Kirchner saludó desde ahí, participando activamente del armado.
Para el juez, ese detalle cambia todo: a diferencia de otras concentraciones donde la condenada no tuvo intervención directa, acá colaboró «de propia mano» usando su propio domicilio de arresto como punto de anclaje de la maniobra.
Tres motivos para la reprimenda
Giménez Uriburu enumeró en cinco páginas por qué la conducta es reprochable. Primero, por el riesgo físico que implicó tender una estructura con cables de alta resistencia sobre la calzada, expuesta a transeúntes, autos y colectivos. Segundo, porque una instalación de ese tipo requiere permiso municipal, y de no haberlo tenido configuraría una contravención. Tercero, porque altera «la tranquilidad del vecindario», una de las condiciones explícitas de su domiciliaria.
El artículo 34 de la Ley 24.660 es taxativo: el juez puede revocar la detención domiciliaria si el condenado «quebrantare injustificadamente» las reglas fijadas. Hasta ahora, otras manifestaciones de apoyo —frecuentes, con intendentes del conurbano rotando frente al balcón— no habían sido consideradas una violación. Esta vez sí.
El dato político que mira la Provincia
La escena vuelve a poner en primer plano una tensión que recorre el peronismo bonaerense desde hace meses: el rol de La Cámpora en la épica del «primer aniversario» de la detención versus la estrategia más cauta que viene marcando Axel Kicillof de cara a 2027. Cada acto de respaldo bajo el balcón de San José 1111, organizado por intendentes alineados con el kirchnerismo duro, expone al peronismo a un costo judicial que no pidieron los sectores que prefieren despegar la imagen de Kicillof de la causa judicial de CFK.
Diego Luciani, el fiscal que había reclamado en otras oportunidades que estas concentraciones fueran consideradas un incumplimiento, esta vez encontró eco en el tribunal. Es un dato que no pasa inadvertido en los despachos bonaerenses: la Justicia empieza a trazar un límite más nítido justo cuando el peronismo discute cómo pararse frente a 2027.
Lo que puede pasar ahora
Si en los próximos actos —y los habrá, porque la agenda de homenajes a CFK no se detiene— vuelve a repetirse una escena con participación activa de la expresidenta desde su balcón, el juez ya dejó sentado que no habrá margen para la tolerancia previa. Eso obliga a La Cámpora y a los intendentes que organizan estas movidas a repensar el formato de las próximas convocatorias, mientras en el peronismo crece la incomodidad por quedar asociados a un nuevo round judicial que no controlan.
Fuente: La Nación
Foto: La Cámpora
