La AUH y la Tarjeta Alimentar fueron de las pocas prestaciones que le ganaron a la inflación en la era libertaria. Mientras se desplomó el poder adquisitivo del trabajo formal, la ayuda directa se consolidó como el principal dique para evitar un estallido social.
El relato oficial del “fin de los planes” choca cada vez más con los números. En plena motosierra sobre salarios, jubilaciones, obra pública y empleo formal, el gobierno de Javier Milei no desarmó la asistencia social: la reconfiguró, la concentró y la convirtió en una pieza clave para sostener la gobernabilidad en medio del ajuste. Según datos oficiales y análisis recientes, la AUH mantuvo su valor con actualizaciones por inflación y, en pesos constantes, alcanzó su nivel más alto desde 2009; al mismo tiempo, la cantidad total de beneficios ligados a AUH, Alimentar y Plan 1000 Días superó los 7,4 millones en 2025.
La paradoja es evidente: el Gobierno que hizo del combate a los “planeros” una bandera terminó reforzando las transferencias directas a los sectores más pobres, mientras el ajuste cayó con fuerza sobre trabajadores formales, jubilados y provincias. Según Capital Humano, hoy el 93,5% de los recursos destinados a los sectores vulnerables se transfiere de manera directa a las familias, cuando al inicio de la gestión esa proporción estaba dividida en partes iguales entre transferencias e intermediación.
Del “fin de los planes” al récord de cobertura
La gráfica incorporada a esta nota muestra una tendencia de largo plazo que desarma varios discursos de ocasión. Según ese esquema, durante la presidencia de Néstor Kirchner la asistencia osciló entre 1 y 2 millones de beneficiarios; con Cristina Fernández bajó a unos 250 mil; con Mauricio Macri volvió a subir hasta una franja de entre 1,2 y 1,5 millones; con Alberto Fernández saltó a 4 millones; y con Milei escala a un rango estimado de entre 6,2 y 6,8 millones.
Ese recorrido no sólo exhibe el deterioro social acumulado de la Argentina. También revela que el actual gobierno, lejos de desmontar la red de contención, la expandió en su formato más directo: menos organizaciones sociales, menos estructura territorial y más transferencias bancarias. La caja no desapareció; cambió de manos.
En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que la cantidad total de beneficios de AUH, Alimentar y 1000 Días pasó de 4,7 millones en 2009 a algo más de 7,4 millones en 2025, confirmando una tendencia creciente en la cobertura social infantil.
La AUH, blindada; el resto, a la intemperie
La AUH fue el núcleo duro de esa política. La OPC indicó que mantuvo su valor real luego de una fuerte suba discrecional y que, en pesos constantes, se ubica en el nivel más alto desde su creación. A la vez, el Gobierno informó en marzo de 2025 que la AUH había crecido 375% respecto de diciembre de 2023 y que esa mejora implicó un aumento real del poder adquisitivo del 145%; además, sostuvo que la suma de AUH y Prestación Alimentar ya cubría la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria para menores.
Ese dato explica buena parte del clima social. La asistencia no saca a un hogar de la pobreza, pero sí puede evitar que caiga más abajo. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA fue más lejos: advirtió que, sin esos ingresos, la indigencia prácticamente se duplicaría y la pobreza sería alrededor de un 20% más alta.
Ahí aparece el corazón político del esquema libertario. Milei no sostuvo el viejo sistema de administración social con movimientos, cooperativas y organizaciones como engranaje territorial. Lo que hizo fue podar esa intermediación y preservar la parte más sensible del gasto: la transferencia directa que evita que la crisis económica se traduzca en hambre masiva.
El ajuste real cayó sobre el trabajo
Mientras la asistencia se sostuvo, el resto del mapa social fue en dirección contraria. La propia UCA advirtió en sus informes de 2025 una mayor precarización del mercado laboral en el período 2023-2025.
Eso se ve con claridad en la calle y también en ciudades como La Plata, donde el deterioro del consumo, la caída de changas, el retroceso comercial y el encarecimiento del transporte pegan de lleno en sectores medios y trabajadores que quedaron fuera de toda cobertura robusta. En otras palabras: la indigencia se amortigua con transferencia directa, pero la pobreza laboral se expande.
La síntesis es incómoda para todos los espacios políticos. El peronismo dejó en 2023 una AUH en uno de sus peores momentos de poder de compra, según la reconstrucción oficial. Milei la recompuso, pero al mismo tiempo deterioró el mercado laboral y licuó otros programas sociales. El Gobierno protege el piso alimentario, pero no recompone el ascensor social.
Provincias e intendentes, cada vez más exigidos
La otra cara del ajuste aparece en los territorios. Si Nación concentra recursos en transferencias directas y se retira de otras políticas de asistencia, la presión cotidiana cae sobre provincias y municipios. Eso ya se refleja en el aumento de la demanda alimentaria y en la sobrecarga de comedores, escuelas y redes locales de contención, una escena que en la provincia de Buenos Aires también se sigue de cerca por el impacto fiscal y social. La UCA, además, registró una persistencia de la inseguridad alimentaria y un uso extendido de comedores comunitarios en 2025, lo que muestra que la asistencia monetaria ayuda, pero no resuelve por sí sola la fragilidad estructural.
En La Plata, donde la crisis se siente en alquileres, transporte, actividad comercial y empleo informal, esa tensión no siempre explota en protestas, pero se acumula en silencio. Esa es, quizás, la postal más precisa del presente: menos movilización callejera, más desgaste subterráneo.
Un modelo que contiene, pero no corrige
El oficialismo consiguió algo que parecía improbable tras la devaluación de diciembre de 2023 y el recorte generalizado del gasto: evitar un estallido social de gran escala. Pero no lo logró porque la crisis no exista, sino porque blindó el mecanismo mínimo de contención para los sectores más pobres.
El problema es otro: esa estabilidad se apoya sobre una base frágil. Si el salario sigue corriendo detrás de los precios, si el empleo formal no se recupera y si además se avanza en desenganchar la AUH de actualizaciones automáticas, el principal amortiguador del modelo podría empezar a perder eficacia. La OPC advirtió que la Prestación Alimentar ya mostró una reducción sistemática de su poder de compra, mientras la AUH se sostuvo mejor.
La foto actual, entonces, deja una conclusión incómoda: Milei no eliminó los planes; los hizo más decisivos que nunca. Y eso no habla sólo del Gobierno. También habla del país que recibió y del país que, por ahora, no logró reconstruir.
Proyección a corto plazo
Si en los próximos meses no mejora el empleo privado ni se recompone el ingreso formal, la asistencia seguirá funcionando como red de emergencia, pero cada vez con menos capacidad para tapar el deterioro general. El equilibrio social, por ahora, no descansa en una mejora de la economía real, sino en una contención focalizada. Y eso, en Argentina, suele durar menos de lo que promete.
