Una iniciativa que ingresó al Concejo Deliberante propone que la totalidad del sistema de videovigilancia pueda usarse para labrar multas de tránsito, no solo las quince cámaras hoy habilitadas. La discusión recién arranca y se cruza con el Plan de Seguridad 2026, que prevé sumar otras 1.200 cámaras a la red municipal.
Un proyecto opositor que ingresó esta semana al Concejo Deliberante volvió a poner sobre la mesa un debate que la capital provincial venía esquivando: hasta dónde puede usarse la red de cámaras de la ciudad como instrumento sancionatorio. La iniciativa plantea que el Municipio quede habilitado a labrar multas de tránsito con la totalidad del sistema de videovigilancia, no solo con las quince cámaras hoy específicamente designadas para fotomultas.
La discusión apenas empieza, pero el ruido en redes, foros vecinales y entre los gremios del transporte ya marca el tono de lo que viene. Tres palabras ordenan la pelea: multas, privacidad y recaudación.
Qué propone el proyecto
El texto, presentado por el concejal Darío Ganduglia (Propuesta Vecinal), plantea dos puntos centrales. Primero, que el sistema municipal de videovigilancia —pensado originalmente para seguridad ciudadana— pueda usarse también para detectar infracciones de tránsito, en particular exceso de velocidad y conducción imprudente. Segundo, que se cree un canal digital formal donde se centralice la evidencia.
Si avanza en comisiones, el Ejecutivo tendría 45 días para presentar un informe con el diseño del sistema, los protocolos de validación del material y un detalle de los controles de tránsito realizados durante el último año.
El frente de las multas
La pregunta más concreta es cuántas multas se labrarían si el proyecto avanza. Hoy hay quince cámaras de fotomultas operativas, instaladas en avenidas, diagonales y plazas, que detectan cruces con semáforo en rojo, exceso de velocidad y obstrucción de la senda peatonal. Las sanciones oscilan entre los $27.300 y los $91.000 por cruzar en rojo o exceder la velocidad permitida, y entre los $4.550 y los $9.100 por obstruir la senda peatonal.
Si la red habilitada para sancionar pasara de quince a cientos de cámaras, el volumen de actas tendría un crecimiento exponencial. Para los defensores del proyecto, esa es justamente la idea: aprovechar tecnología instalada para modificar conductas y bajar la siniestralidad. Para los críticos, es la antesala de un sistema que tiende a saturar.
El frente de la privacidad
La videovigilancia urbana viene avanzando en distintas jurisdicciones argentinas y suele encontrar resistencias por la falta de marcos regulatorios precisos. Este proyecto reabre las preguntas estructurales que el debate público todavía no resolvió.
¿Cuánto tiempo se conservan las imágenes? ¿Quién accede al archivo? ¿Cómo se garantiza que el material no se use con fines distintos al original? ¿Qué pasa con la información biométrica que las cámaras de última generación pueden capturar? Son preguntas que la iniciativa no resuelve y que distintos juristas vienen marcando como cuello de botella.
A eso se suma la sensibilidad social: el sistema de cámaras se construyó como herramienta de seguridad pública, no de control de tránsito. Cualquier ampliación en el destino del material implica, técnica y políticamente, un nuevo contrato entre el Estado municipal y los vecinos sobre qué se mira y para qué.
El frente de la recaudación
La sombra de la caja también pesa. El sistema de fotomultas vigente acumula críticas desde su implementación, con quejas reiteradas de taxistas y vecinos por contravenciones mal labradas e incluso multas con retroactividad. Cualquier ampliación necesita, primero, ordenar las observaciones que se vienen acumulando.
En un escenario de salarios licuados, comercios que cierran y consumo deprimido, la posibilidad de recibir más multas mensuales se vive con preocupación incluso entre quienes apoyan la idea conceptual del control. La frontera entre «disuadir conductas» y «engrosar la caja municipal» es delgada y se discute caso por caso.
Asociaciones de automovilistas y comerciantes del centro tienden a celebrar cualquier herramienta que ordene un tránsito que perciben caótico. Gremios del transporte y choferes profesionales son los más reticentes, porque son quienes más tiempo pasan en la calle y, por lo tanto, más expuestos están a una sanción masiva.
El telón de fondo: el Plan de Seguridad 2026
La discusión no llega en cualquier momento. La gestión municipal viene implementando el Plan de Seguridad 2026, que prevé instalar 1.200 cámaras nuevas en 400 puntos estratégicos de la ciudad, con anillos digitales, lectoras de patente y drones, y una inversión proyectada superior a los $10.500 millones.
Esa infraestructura, financiada con fondos municipales y pensada como herramienta de seguridad pública, queda automáticamente involucrada en cualquier debate sobre el uso de cámaras. Si la red termina prestándose también a labrar multas, la pregunta sobre qué se mira y para qué se mira deja de ser técnica y pasa a ser política.
El proyecto debe pasar por las comisiones de Tránsito, de Asuntos Constitucionales y de Seguridad antes de llegar al recinto. La discusión va a obligar al oficialismo y a los demás bloques a fijar posición sobre los tres ejes que ordenan el debate.
En el mediano plazo, la pregunta de fondo excede al proyecto puntual. La capital provincial está construyendo una de las redes de videovigilancia más extensas del Gran La Plata. Definir qué se hace con todo eso —y, sobre todo, con qué controles, qué garantías y qué destino de los recursos eventualmente recaudados— va a ser uno de los grandes debates institucionales de la gestión local en lo que queda del año.
