El retiro voluntario para empleados públicos nacionales llegó al Boletín Oficial esta mañana. El Decreto 1203/2026 habilita a unos 20.000 trabajadores a dejar la administración central a cambio de compensaciones que pueden llegar a 25 salarios. La inscripción abre el 1 de noviembre y quienes se vayan no podrán volver al Estado durante ocho años.
El retiro voluntario para empleados públicos nacionales: el decreto y el contexto
La medida fue firmada por el presidente y los ministros de Jefatura de Gabinete y de Desregulación y Transformación del Estado. El régimen apunta a la administración pública nacional centralizada: ministerios, secretarías, Presidencia, Jefatura de Gabinete, Congreso y Poder Judicial. Sin embargo, excluye a los organismos descentralizados. Por eso ANSES queda fuera: ya tuvo su propio plan de retiros en septiembre, con compensaciones de hasta 19 haberes y una restricción de cinco años para reingresar.
Como informamos en marzo, la agencia previsional fue el primer organismo en aplicar esta política este año. Este decreto amplía el esquema al conjunto de la administración central y profundiza el programa de reducción del Estado que el Gobierno lleva adelante desde 2024.
Quiénes pueden inscribirse y cuándo
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días adicionales. Pueden participar los empleados de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado. Quedan afuera los trabajadores transitorios.
Además, no podrán adherirse quienes tengan procesos penales o sumarios graves en curso, quienes mantengan demandas laborales contra el Estado sin desistir de ellas, ni quienes estén en proceso de obtener su jubilación. Una vez presentada la solicitud, cada jurisdicción tiene 40 días corridos para expedirse. Si no hay respuesta expresa, el pedido se considera rechazado.
Cuánto cobra cada grupo según edad y antigüedad
El decreto divide a los empleados en tres grupos con condiciones distintas.
El primer grupo incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre dos opciones: cobrar el 60% del salario bruto mensual durante hasta tres años, o recibir una gratificación única de un sueldo por cada año de antigüedad, con tope de 18 remuneraciones.
El segundo grupo son mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes. Cobrarán hasta 18 sueldos por antigüedad más cinco remuneraciones adicionales.
El tercer grupo abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación llega a 20 sueldos por antigüedad más cuatro o cinco adicionales según el trabajador tenga menos o más de 15 años de servicio. En este grupo se alcanza el tope máximo de 25 salarios.
La cláusula antigiratoria y las exclusiones
Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante ocho años. Si lo hicieran antes del vencimiento de ese plazo, deberán devolver la compensación percibida. El cargo que ocupa cada empleado que se retire será eliminado del presupuesto, sin posibilidad de reemplazarlo.
Quedan excluidos del régimen las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior y la Secretaría de Inteligencia de Estado. También quedan fuera los organismos descentralizados con estructura jurídica propia, como ANSES, que ya instrumentó su plan por separado.
