La Casa Rosada busca modificar el financiamiento universitario después de que la Justicia la obligara a pagar $2,5 billones. Apunta a recortar el impacto fiscal mientras lleva la disputa a la Corte.
El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo: golpeado por un fallo que lo obliga a desembolsar $2,5 billones, el Gobierno decidió reactivar en el Congreso su propio proyecto de reforma de la ley para reducir el costo fiscal. La jugada combina estrategia judicial —con la Corte Suprema como próximo destino— y una pulseada política que, por ahora, llega tarde.
La iniciativa no es nueva. Había sido presentada en febrero durante las sesiones extraordinarias, pero quedó archivada mientras el oficialismo priorizaba la reforma laboral. Hoy, con dos fallos en contra y sin margen presupuestario, vuelve a escena como un intento de reordenar la discusión bajo condiciones menos favorables.
Un proyecto que llega después del golpe
Dentro de La Libertad Avanza reconocen que el timing no fue el ideal. La demora en tratar la reforma generó ruido interno y abrió reproches cruzados entre el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem.
Cerca de Caputo sostienen que antes del fallo había margen para negociar con las universidades. Ahora, con una sentencia firme de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el escenario cambió: el Estado quedó obligado a pagar y la discusión política perdió poder de presión.
Del otro lado, en el entorno de Menem bajan el tono. Aseguran que el proyecto no avanzó porque no estaban garantizados los votos. Traducido: el oficialismo no tenía la mayoría para aprobar una reforma que ya generaba resistencia.
Qué cambia en la reforma que impulsa el Gobierno
El texto oficial apunta directo a los puntos más sensibles de la ley vigente.
En materia salarial, propone reconocer solo la pérdida de 2025 y dejar afuera la recomposición de 2024, uno de los ejes del reclamo universitario. La actualización se haría en tres tramos del 4,1% (marzo, julio y septiembre), tomando como base los salarios a diciembre de 2025. Además, plantea paritarias trimestrales, pero sin obligación de empatar la inflación.
En gastos de funcionamiento, el ajuste es aún más claro: la ley actual exige recomponer partidas por inflación acumulada de los últimos dos años, mientras que el proyecto oficial elimina ese criterio y solo prevé actualizaciones si la inflación anual supera el 14,5%.
Como contrapeso, incorpora una partida de poco más de $80.000 millones para el sistema de salud universitario, un punto que no estaba contemplado en la normativa vigente. Un gesto que, en el tablero general, queda lejos de compensar el recorte estructural.
Universidades fortalecidas y negociación en retroceso
El Gobierno también intentó una vía política que no prosperó. Las conversaciones que encabezó Caputo con rectores no lograron respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se mantuvo alineado con la defensa de la ley actual.
El dato clave es que los fallos judiciales fortalecieron la posición de las universidades. Con respaldo legal y una deuda reconocida, el margen para aceptar una reforma que recorte recursos es cada vez más estrecho.
Impacto local: la UNLP en el centro del conflicto
En Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las más grandes del país, el conflicto no es abstracto. La discusión impacta directamente en salarios docentes, funcionamiento de facultades y continuidad de programas de investigación y extensión.
Con un escenario de ajuste fiscal y caída del poder adquisitivo, cualquier recorte adicional tensiona aún más el sistema. En la práctica, eso se traduce en menos recursos para sostener carreras, servicios y becas en una ciudad donde la universidad es uno de los principales motores económicos y sociales.
Un frente abierto con final incierto
El oficialismo apuesta a ganar tiempo: judicializa el conflicto mientras intenta reabrir la discusión en el Congreso. Pero la ecuación es compleja. Sin mayoría clara, con universidades fortalecidas y un fallo millonario en contra, la reforma llega condicionada.
A corto plazo, el escenario más probable es una doble vía: litigio en la Corte y negociaciones parciales en el Parlamento. Lo que está en juego no es solo el presupuesto universitario, sino también la capacidad del Gobierno de imponer su agenda en un terreno donde ya empezó perdiendo.
