El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata absolvió a Juan Ignacio Buzali en el juicio oral por el atropello a dos motociclistas ocurrido el 1 de enero de 2021. Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr resolvieron que no se trató de un intento de homicidio, sino de un hecho de lesiones ya prescripto. La decisión, conocida el 20 de abril, marca un giro en una causa que había mantenido en vilo a la ciudad.
Durante los alegatos, el fiscal Juan Pablo Caniggia y los abogados de las víctimas, Martín De Vargas y Axel Hurtado, reclamaron penas de entre 6 y 8 años de prisión por tentativa de homicidio. Sin embargo, el Tribunal entendió que no existió intención de matar, elemento clave para sostener esa figura penal. Al recalificar el hecho como lesiones y constatar que el plazo legal estaba vencido, dispuso la absolución.
Impacto en La Plata
El caso Buzali no es un expediente aislado: expone las tensiones entre la justicia penal y la percepción social sobre la impunidad. En La Plata, donde el episodio ocurrió y donde residen las víctimas, la resolución genera malestar y reabre la discusión sobre la capacidad del sistema judicial para dar respuestas rápidas y proporcionales.
La absolución también tiene un costado político. Buzali es ex esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, figura de peso en la política provincial. El desenlace judicial impacta en el escenario local y alimenta lecturas sobre las relaciones entre poder político y justicia.
Lectura entre líneas
El fallo deja planteada una pregunta incómoda: ¿qué mensaje transmite la justicia cuando un hecho grave se diluye en tecnicismos procesales? Para las familias afectadas, la sensación es de desprotección. Para la sociedad platense, el caso se suma a una lista de episodios donde la demora judicial termina neutralizando la posibilidad de sanción.
Proyección
En el corto plazo, la absolución de Buzali puede convertirse en un nuevo punto de tensión entre sectores políticos y judiciales de la Provincia. En La Plata, el debate sobre seguridad vial y responsabilidad penal promete volver a la agenda pública, con un trasfondo de desconfianza hacia las instituciones.
