El conflicto entre la Municipalidad de La Plata y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) pasó de la protesta callejera a los tribunales. Lo que días atrás era, según la propia cobertura de InfoPlatense, un reclamo de recicladores por despidos masivos y denuncias de represión policial, terminó esta semana con destrozos en el Palacio Municipal, 22 detenidos y una causa penal cruzada entre el Gobierno comunal y los cooperativistas.
El salto de magnitud no es casual. Detrás de la pelea hay una decisión de fondo: el municipio reemplazó las contrataciones directas con cooperativas por un sistema de licitación pública, y el MTE fue la única organización que no se presentó a competir.
Qué pasó: de la protesta a la denuncia penal
Los incidentes se produjeron el viernes frente al Palacio Municipal, mientras en el Salón Dorado se desarrollaba un acto por el Día Internacional de la Prevención de las Adicciones con más de 300 asistentes. La gestión de Julio Alak afirmó que manifestantes vinculados al MTE rompieron puertas, vidrios y vitrales del edificio y del recinto del Concejo Deliberante, y que un vecino resultó herido por una piedra que atravesó uno de los vitrales. Según el parte oficial, seis policías bonaerenses también sufrieron lesiones.
La Comuna respondió con una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, y se constituyó como particular damnificado. La Policía bonaerense detuvo a 22 personas, aunque el propio secretario de Seguridad local, Diego Pepe, había precisado antes ante otro medio que la cifra real era de 19 arrestos, un desajuste que no es menor cuando se discute la proporcionalidad de un operativo.
El trasfondo: la licitación que el MTE no quiso firmar
La versión oficial sitúa el origen del conflicto en una decisión administrativa previa. Según el municipio, el Tribunal de Cuentas de la provincia exigió terminar con las contrataciones directas de cooperativas para tareas de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto, un esquema que, en el caso del MTE, representaba unos 90 millones de pesos mensuales y más de 1.000 millones al año, vigente desde 2011.
El 10 y 11 de junio se publicaron los pliegos de licitación pública para reemplazar ese mecanismo. Todas las cooperativas y empresas que prestaban esos servicios los adquirieron para competir, menos el MTE. Para el Ejecutivo comunal, esa negativa explica por qué la organización terminó protagonizando la protesta más violenta de las últimas semanas: no se trataría solo de defender puestos de trabajo, sino de resistir la pérdida de un contrato que la normativa ya no permitía sostener como estaba.
Esa lectura, sin embargo, choca con la que vienen sosteniendo las propias organizaciones de trabajadores desde antes de los destrozos: que la salida de la contratación directa equivale, en los hechos, a un esquema de despidos encubiertos para cientos de familias que dependen de ese ingreso.
La oposición entra en escena: UCR, PRO y LLA piden sanciones
El episodio activó un confuso mapa de reacciones políticas. El concejal radical Gustavo Staffolani anunció que impulsará un proyecto para inhabilitar a los responsables de los destrozos de volver a contratar con la Municipalidad, y propuso que los créditos pendientes de esas cooperativas se usen para cubrir las reparaciones del edificio. «Romper, incendiar o destruir bienes públicos no», planteó, aunque diferenció esa postura del reclamo laboral de fondo, que consideró legítimo.
El PRO, por su parte, repudió los incidentes y le pidió directamente a Alak que denuncie a los responsables, mientras que La Libertad Avanza apuntó en sentido inverso: responsabilizó al propio intendente por la escalada, en una crítica que combina la discusión por la licitación con la pulseada política más amplia entre el oficialismo municipal y el espacio libertario.
La otra cara: represión, detenciones y un habeas corpus colectivo
Mientras el municipio construye su relato en torno al daño patrimonial, organizaciones sociales presentaron un habeas corpus colectivo por los cooperativistas detenidos, con denuncias de que la Policía «salió a cazar gente» durante el operativo posterior a la protesta. Esa frase, que circula entre los espacios que acompañan al MTE, contrasta con el eje que privilegia el comunicado oficial, centrado en los destrozos y las lesiones a policías y vecinos.
Esa tensión entre dos relatos —el del daño institucional y el de la represión— es la misma que InfoPlatense venía señalando antes de que el conflicto escalara, cuando el MTE denunció despidos masivos de recicladores y un primer operativo policial sobre los trabajadores. Lo de esta semana no es un episodio aislado, sino la continuación de una disputa que ya tenía estas dos almas enfrentadas.
Qué viene ahora
La causa penal contra los manifestantes del MTE y el habeas corpus de las organizaciones sociales avanzarán en paralelo en la Justicia platense, mientras el Concejo Deliberante empieza a procesar las primeras iniciativas políticas, como la de Staffolani, para fijar sanciones a futuro. De fondo, sigue sin resolverse la pregunta original que disparó todo: qué pasa con los puestos de trabajo de quienes no entraron en el nuevo esquema de licitación pública.
