La Procuración del Tesoro llevó a la Corte Suprema una demanda contra la Provincia y el IPS para frenar el traspaso de aportes de trabajadores de empresas como Aubasa y ABSA al sistema previsional bonaerense. Pide además una cautelar para suspender la norma antes de que se aplique.
Aubasa y ABSA, en el centro de la pelea entre Nación y Provincia por los aportes jubilatorios
El Gobierno nacional escaló el conflicto previsional con la Provincia de Buenos Aires. A través de la Procuración del Tesoro, en representación de Capital Humano y la ANSES, presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia y el Instituto de Previsión Social (IPS). El objetivo: tumbar el artículo 59 de la Ley 15.557, la norma incluida en el Presupuesto bonaerense 2026 que amplía el universo de trabajadores obligados a aportar al IPS.
Qué cambia la ley que impugna Nación
La reforma bonaerense suma al régimen provincial al personal de empresas y sociedades con mayoría accionaria estatal, un combo que en la región incluye a compañías como Aubasa, la concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata, y ABSA, la empresa provincial de agua y saneamiento que opera en buena parte del Gran La Plata. Como Informara InfoPlatense, también alcanza al personal docente extracurricular y no docente de colegios privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación.
Hasta ahora, esos trabajadores aportaban al SIPA, el sistema que administra la ANSES. Con la reforma, esos aportes pasarían a manos del IPS provincial.
Los argumentos de la Nación
El escrito sostiene que la Provincia se excedió en sus facultades constitucionales. Según el planteo, el Congreso ya reguló la cuestión previsional con la Ley 24.241, y todos los trabajadores privados deben permanecer en el SIPA salvo excepciones explícitas.
La demanda apunta puntualmente al artículo 125 de la Constitución Nacional, que solo habilita a las provincias a mantener cajas previsionales para empleados públicos y profesionales. Incorporar trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, sostiene Nación, viola ese límite y genera una «superposición de aportes» prohibida por el artículo 14 bis.
El impacto que preocupa a ANSES
El eje económico de la demanda es claro: si miles de trabajadores de empresas como Aubasa y ABSA dejan de aportar al SIPA, la ANSES pierde recursos pero sigue obligada a pagar jubilaciones y prestaciones. El Gobierno nacional advierte además sobre incertidumbre en liquidaciones de haberes y registraciones previsionales para esos trabajadores mientras dure el litigio.
El IPS ya movió fichas
La demanda incorpora disposiciones que el IPS dictó para poner en marcha la reforma: reglamentó el alta de nuevos empleadores, fijó procedimientos de liquidación y prorrogó plazos por problemas técnicos. También cita una presentación del propio IPS ante ARCA pidiendo precisiones sobre cómo instrumentar el cambio de aportes, lo que para Nación confirma que la aplicación es inminente, no una amenaza abstracta.
El antecedente que invoca la Casa Rosada
El Gobierno cita el caso «Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés», en el que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional un intento bonaerense de sumar al IPS a trabajadores de colegios privados. Con ese precedente en mano, pide que el máximo tribunal repita el fallo.
Qué puede pasar ahora
Mientras la Corte no se expida, el Gobierno nacional insiste en la cautelar para frenar la aplicación de la ley y evitar que el traspaso de aportes se concrete de hecho. Si la Corte falla a favor de la Provincia, se abriría un antecedente que podría profundizar la disputa por recursos entre Nación y los estados provinciales en plena discusión por la coparticipación. Si falla en contra, el Gobierno bonaerense pierde una fuente de financiamiento que ya había incorporado al cálculo del Presupuesto 2026.
