Miércoles 8 de julio de 2026
Miércoles 8 de julio de 2026
loader-image
temperature icon 13°C

Milei busca apagar el Estado por ley cuando se agote el presupuesto — aunque en la práctica ese apagón ya lleva dos años

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de «shutdown» al estilo estadounidense: un mecanismo por el cual, cuando una repartición del Estado agota su presupuesto, automáticamente deja de gastar.

«Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado», definió el Presidente tras una reunión en Olivos con el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Central Santiago Bausili.

El problema es que el apagón que Milei quiere convertir en ley ya está en marcha desde hace dos años. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado este miércoles muestra que el gasto público acumuló una caída real del 34% desde 2023: Obra Pública bajó 98%, Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente llegaron a ejecución cero, la Cooperación con Municipios cayó 97% y la Superintendencia de Servicios de Salud se contrajo 64%. En el mismo período, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución un 17% en términos reales. Lo que el Gobierno quiere institutcionalizar como norma automática es, en los hechos, lo que ya viene ejecutando a través de recortes discrecionales y reasignaciones de partidas.

Qué cambia con el proyecto

La diferencia entre el ajuste actual y el shutdown que propone Milei es de mecanismo, no de escala. Hoy el Poder Ejecutivo recorta por decreto, reasigna partidas o simplemente no ejecuta. La nueva norma convertiría ese corte en automático e irreversible dentro del ejercicio fiscal: si un ministerio consume el 100% de su partida, se le bloquea el gasto sin posibilidad de ampliarlo por DNU ni de recibir fondos reasignados de otra área.

La referencia es el sistema estadounidense, donde el shutdown se activa cuando el Congreso no aprueba el financiamiento a tiempo y se cierran las agencias no esenciales. Pero la versión argentina tiene un eje diferente: no se dispararía por falta de acuerdo político, sino por el agotamiento de partidas ya aprobadas. Y ahí empieza el problema jurídico.

El choque con la Constitución, desde adentro

La iniciativa generó objeciones inmediatas en el Senado, incluso dentro del bloque oficialista. Una senadora libertaria la calificó directamente de «inconstitucional»: «La Constitución Nacional consagra derechos que no se pueden dejar de sostener porque se agote una partida». Y señaló el nudo del problema: «Milei está queriendo copiar la Constitución de Estados Unidos», pero la argentina es otra cosa. La Carta Magna local garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Esos derechos no pueden quedar en suspenso por una restricción contable.

Un legislador libertario con experiencia en su provincia de origen fue igualmente directo: «Un gobierno puede dar más o menos presupuesto a cada área, pero no puede darle de baja». La distinción importa: reducir el gasto es una atribución legítima del Ejecutivo; extinguirlo automáticamente por agotamiento de partida puede equivaler a suspender garantías constitucionales.

El sistema presupuestario vigente refuerza esa lógica. La Ley de Administración Financiera establece que si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, el del año anterior se reconduce automáticamente, precisamente para evitar que un desacuerdo político vacíe la ejecución de políticas públicas. El shutdown propuesto invierte ese principio.

El sello de la propuesta

Desde el entorno del oficialismo reconocieron en privado que la iniciativa tiene el aroma característico de Sturzenegger: título grandilocuente, alto impacto discursivo y escasa capacidad de defensa jurídica incluso por la propia tropa. El ministerio de Desregulación prefirió no hacer comentarios cuando fue consultado. El Presidente, en cambio, lo presentó como parte de un paquete histórico que incluye la reforma de la Carta Orgánica del BCRA —con prohibición de financiar al Tesoro y sanciones penales para quienes la violen—, una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.

Cuando ese paquete llegue al Senado, Milei tendrá que convencer primero a los suyos.

Scroll al inicio