Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), la compañía estatal que administra los accesos y rutas más transitadas de la Provincia, denunció que el gobierno nacional no solo la excluyó sin fundamentos de la licitación del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, sino que además expuso públicamente el valor de su propuesta económica, información que debía permanecer en secreto.
Según la presentación firmada por Ricardo Lissalde y Jorge Ceriani, el sistema de licitaciones exhibió durante varias horas el monto ofertado por AUBASA, lo que permitió que cualquier usuario pudiera descargar y replicar la información. La filtración ocurrió el 14 de abril a las 15.30 y, de acuerdo con la empresa, “torna imposible reconstruir la igualdad competitiva del procedimiento”.
El tramo en disputa
La concesión en juego abarca 1.325 kilómetros de rutas estratégicas: la Ricchieri, la Ezeiza-Cañuelas, la Newbery y tramos de la RN 3, RN 205 y RN 226. Son corredores vitales para el sur bonaerense y para el Gran La Plata, donde el flujo de transporte y logística depende de estas autopistas. La exclusión de AUBASA, que depende del gobierno provincial, deja a la empresa sin posibilidad de competir en un negocio clave para la región.
Impacto político y económico
La denuncia expone un nuevo frente de tensión entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei. Mientras Nación avanza con licitaciones cuestionadas, Provincia pierde capacidad de gestión sobre corredores que afectan directamente la economía local: desde el transporte de mercaderías hasta la movilidad cotidiana de miles de platenses.
Si la impugnación prospera, la licitación debería retrotraerse y comenzar de nuevo. De lo contrario, quedará consolidada una concesión bajo sospecha de irregularidades, con consecuencias directas en la gobernabilidad de las rutas y en la disputa política entre Nación y Provincia.
