El gasto en inteligencia creció 52% en términos reales, alcanzará los $97.000 millones en 2026 y duplica su peso institucional. En paralelo, los recortes en educación llegan al 100% en programas clave, la obra pública cae entre 75% y 100%, y el salario docente universitario perdió 36% de poder adquisitivo. Una mirada al reordenamiento profundo que se cocina detrás de los números.
El gobierno de Javier Milei está reescribiendo el contrato del Estado argentino con sus ciudadanos. La radiografía del Presupuesto 2026 y de la ejecución presupuestaria de los últimos meses muestra un giro de fondo: cuando se recortan en simultáneo los rubros más sensibles para la vida cotidiana —salud, educación y obra pública— y se sostiene el crecimiento del aparato de inteligencia y seguridad, lo que se está dibujando es otra cosa que un ajuste fiscal coyuntural. Es un cambio de naturaleza.
El analista Mariano Kestelboim lo expresa con un término fuerte que ya rebota en el debate académico: una «expropiación» del salario docente, indicador a la vez económico y simbólico de hacia dónde va la sociedad argentina cuando el Estado se retira del lugar donde antes ofrecía piso.
Los números del recorte
La radiografía de la ejecución presupuestaria es contundente. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron caídas del 100% en términos reales. La inversión en infraestructura escolar y equipamiento se desplomó 99,7%. La formación docente perdió 44,3%.
En obra pública, el cuadro es del mismo orden. Rutas, puentes, infraestructura hidráulica, urbanización y transporte muestran caídas que oscilan entre el 75% y el 100%. Es decir: hay rubros donde directamente no se ejecuta presupuesto.
A esto se suma el ajuste sobre las transferencias a provincias, que terminó pegando de lleno en municipios bonaerenses, en obra pública regional y en las cajas previsionales no transferidas.
El crecimiento de la SIDE
En la otra punta del Presupuesto, los fondos de inteligencia rompen la lógica del ajuste. La Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente directa de Presidencia, recibió un aumento del 52% en términos reales —según algunos relevamientos, el incremento llega al 69%— y proyecta alcanzar los $97.000 millones en 2026.
El crecimiento es de los más significativos de toda la administración pública. En un esquema general donde el gasto se contrae 29% interanual respecto del nivel de 2023, la SIDE no solo no se ajusta, sino que se expande. Una excepcionalidad que define mejor que cualquier discurso las prioridades del Gobierno.
A los fondos formales se suman, además, ampliaciones por decreto. En enero, el Ejecutivo amplió por DNU más de $26.000 millones en partidas para la Secretaría de Inteligencia, una práctica que se viene repitiendo durante toda la gestión libertaria.
La «expropiación» del salario docente
En el medio del reordenamiento queda una de las consecuencias más visibles: la caída del salario docente. El análisis publicado por Kestelboim en La Política Online la define como una «expropiación», y los números dan cuerpo al término.
Los salarios docentes universitarios acumulan una pérdida del 36% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión Milei. En enero de 2026, la caída real medida contra noviembre de 2023 alcanzaba el 34%. Y la masa salarial perdida en estos dos años equivale a 11,4 sueldos completos al valor actual: dicho de otro modo, casi un año entero de trabajo licuado por la inflación frente a la falta de recomposición.
El dato social detrás del frío número: considerando que la Canasta Básica Alimentaria de enero rondaba los $623.990, solo los profesores titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto del cuerpo docente —incluida la dedicación simple, que es la mayoría— está debajo de esa línea.
Qué cambia cuando el Estado cambia
La discusión que abre el cuadro va más allá de la coyuntura económica. Cuando el Estado prioriza inteligencia y seguridad sobre educación, salud y obra pública, la lógica de fondo se desplaza de la idea de bienestar a la de control.
El concepto se ve en la calle: facultades con paros, hospitales con insumos atrasados, rutas paradas, escuelas con menos infraestructura, formación docente cortada. Y, del otro lado, mayor capacidad operativa para vigilancia digital, seguridad pública y monitoreo. Es un Estado que se vuelve más fuerte para mirar a sus ciudadanos y más débil para asistirlos.
Para los analistas, el rediseño no es secundario. Implica una redefinición del rol histórico del Estado argentino, que durante décadas se construyó alrededor de la educación pública, la salud universal y la obra pública como motor productivo. La pregunta es cuánto puede sostenerse este modelo sin estallido social.
El termómetro local: la UNLP
En La Plata, capital provincial y ciudad universitaria por excelencia, el cuadro tiene impacto directo. La UNLP atraviesa semanas de paros, marchas de antorchas y reclamos sostenidos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La cuarta Marcha Federal Universitaria está prevista para este martes 12, con concentración en Plaza San Martín.
El nuevo decano de Medicina UNLP, Gustavo Marín, advirtió esta semana al asumir que más del 70% de los estudiantes que ingresan a la facultad no llega al segundo año. Detrás de esa cifra hay deserción, pero también un sistema que se erosiona por falta de recursos, infraestructura y acompañamiento.
A todo esto se suman los hospitales públicos de la región, donde se reportan retrasos en insumos, programas de salud sexual y reproductiva con menos cobertura, y un personal médico que arrastra dos años de salarios reales en caída libre.
La obra pública como contracara
El otro frente local es la obra pública. Mientras AUBASA avanza con fondos provinciales en el nuevo distribuidor de City Bell, los proyectos que dependían de financiamiento nacional están detenidos. La caída del 75 al 100% en rutas, puentes e infraestructura golpea fuerte en el Gran La Plata, una región que históricamente se nutrió de programas federales para sostener su entramado productivo y de servicios.
La consecuencia se nota en pequeñas y medianas empresas constructoras, en proveedores y en miles de puestos de trabajo informales que se mueven al ritmo de la obra pública. Es un círculo que termina cerrándose en el comercio del centro y la periferia, donde más de 450 locales ya están vacíos y los cierres semanales no paran.
Lo que se viene
La hoja de ruta de las próximas semanas combina cuatro variables abiertas. Primera: la Marcha Federal Universitaria del martes, que va a medir hasta dónde llega el malestar del sistema universitario y qué respuesta puede dar la Casa Rosada. Segunda: la pelea por la Ley de Financiamiento Universitario, que quedó suspendida por la Cámara Contencioso Administrativo y se definirá en la Corte Suprema. Tercera: las paritarias docentes y el resto de los sectores, donde las propuestas oficiales siguen por debajo de la inflación. Cuarta: la respuesta política y social al cambio de modelo que se cocina detrás de los números.
En el largo plazo, la pregunta excede a Milei. Lo que se está discutiendo, sin que se diga abiertamente, es qué tipo de país y de Estado tendrá la Argentina en cinco años. La SIDE más fuerte y la educación más débil son dos caras de un mismo proyecto. Reconstruir o no reconstruir lo que se desarma va a exigir, tarde o temprano, una decisión política colectiva. Y va a ser, también, uno de los grandes ejes de los meses que vienen.
