En Casa Rosada hay consenso para hacer una jugada final sobre las primarias: suspenderlas o convertirlas en no obligatorias. Pero la interna libertaria no para, los gobernadores desconfían y los votos en el Congreso siguen sin aparecer. El tiempo apremia.
Javier Milei quiere llegar a las elecciones de octubre sin primarias. O, al menos, sin las PASO tal como existen hoy. En el Gobierno hay acuerdo político para intentar una última movida legislativa que las elimine o las reconvierta en algo más manejable: las llamadas «PAS», Primarias Abiertas Simultáneas pero no obligatorias. El problema es que el Congreso no da los números, la interna del oficialismo sigue abierta y los gobernadores miran el proyecto con una desconfianza que no disimulan.
El escenario es paradójico: un gobierno que predica el orden y la eficiencia no logra ordenar su propia tropa para una reforma que, en teoría, le conviene a todos en el oficialismo.
Qué son las «PAS» y por qué aparecen ahora
La propuesta que circula en el Ejecutivo no es exactamente la eliminación de las primarias, sino su vaciamiento práctico. Las «PAS» mantendrían el mecanismo formal pero quitarían la obligatoriedad del voto, lo que en los hechos las convertiría en una instancia intrascendente: sin participación masiva garantizada, los resultados perderían toda capacidad de anticipar el escenario de octubre.
Es, en definitiva, matar las PASO sin firmar el acta de defunción. Una salida que le permite al oficialismo decir que «no las eliminó» mientras las deja morir por inanición.
Bullrich y la aritmética del fracaso
Patricia Bullrich, una de las voces más activas dentro del Gobierno en este tema, fue la encargada de dar el diagnóstico más crudo: según sus propios sondeos legislativos, los votos para eliminar las PASO directamente no están. La ministra de Seguridad —que en este terreno opera más como operadora política que como funcionaria del área— ratificó que el debate debería postergarse o reconvertirse si se quiere evitar una derrota en el recinto que deje al Gobierno más debilitado de lo que ya está.
El mensaje implícito es claro: mejor no votar que perder.
La interna que no cesa
El problema de fondo no es solo aritmético. El Gobierno llega a esta discusión con su coalición interna fisurada. Las tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO, los cortocircuitos entre el ala dura mileísta y los sectores más pragmáticos, y la dificultad para sostener una agenda legislativa coherente, hacen que cada iniciativa llegue al Congreso con menos respaldo del que necesita.
Intentar reformar el sistema electoral en ese contexto es, cuanto menos, arriesgado. Una derrota en este tema no sería solo una derrota legislativa: sería una señal política de que el oficialismo no controla ni su propio bloque.
Los gobernadores, la variable clave
El otro obstáculo son los gobernadores. Varios mandatarios provinciales —peronistas, radicales y hasta aliados circunstanciales del oficialismo— ven la eliminación de las PASO con recelo. Para los distritos más chicos, las primarias son oxígeno: permiten ordenar las internas sin llegar a una elección general con listas divididas. Quitarlas o vaciarlas los deja más expuestos a las presiones de los aparatos nacionales.
Desde La Plata, el gobierno de Kicillof sigue el tema con atención. La Provincia de Buenos Aires es el distrito donde las PASO tienen más peso electoral y donde cualquier cambio en las reglas de juego puede alterar de forma drástica el tablero de 2027. El peronismo bonaerense, que ya tiene su propia batalla interna entre kirchneristas y massistas, necesita las primarias para procesar esa tensión sin implosionar.
El fesgaste del Gobierno
El Gobierno tiene una ventana corta. Si no avanza en las próximas semanas, el calendario electoral empieza a hacer imposible cualquier reforma: los plazos legales se cierran y las PASO quedan firmes por default. La jugada entonces sería forzar un debate exprés en el Congreso, asumir el riesgo de una derrota o negociar un término medio —las «PAS» no obligatorias— que deje a todos a mitad de camino.
En cualquiera de los tres escenarios, el Gobierno llega a octubre más desgastado de lo que quisiera. La pregunta es cuánto.
