El conflicto entre el Estado local y los conductores de aplicaciones de transporte volvió a tensarse esta semana en La Plata, con dos hechos que muestran posiciones casi opuestas dentro del propio espacio gobernante.
Por un lado, el bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ordenanza para suspender por seis meses las multas y los secuestros de vehículos a choferes de Uber, DiDi y Cabify. Por otro, la Municipalidad continuó este jueves con los operativos de control que vienen reclamando taxistas y remiseros habilitados.
La consecuencia es una postal contradictoria: un sector del Concejo busca una tregua administrativa mientras los agentes de tránsito municipales, con grúas de acarreo, secuestran autos a metros del Pasaje Dardo Rocha. La tensión expone una discusión de fondo que la ciudad no logra resolver desde hace meses, la falta de un marco normativo claro para las plataformas digitales de transporte.
Qué propone el proyecto de La Libertad Avanza
La iniciativa, presentada por la concejal Soledad Pedernera y acompañada por el resto del bloque libertario, plantea suspender durante 180 días corridos toda sanción municipal que penalice exclusivamente la falta de habilitación para prestar servicios de transporte a través de aplicaciones. En otras palabras, mientras dure ese plazo, el Municipio no podría secuestrar un vehículo solo por no tener el permiso específico que hoy la ciudad no otorga.
El texto es cuidadoso en sus excepciones. La tregua no aplicaría si el conductor circula sin licencia vigente, sin seguro al día, sin la Verificación Técnica Vehicular correspondiente, o si comete infracciones de tránsito como exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol. Tampoco protegería casos de peligro flagrante para pasajeros o terceros, siempre que el inspector los constate formalmente.
Para el bloque libertario, la actividad se desarrolla hoy en un «vacío normativo municipal» que termina generando arbitrariedades, ya que la ciudad no cuenta con una ordenanza que regule, habilite o prohíba expresamente el servicio. Según remarcaron, las multas y los secuestros fundados solo en la falta de habilitación «no mejoran por sí mismos la seguridad del pasajero ni reducen la accidentabilidad vial». El proyecto aclara, de todas formas, que la suspensión no implica legalizar la actividad ni otorgar ningún tipo de habilitación.
El operativo que contradice la tregua propuesta
Mientras ese proyecto espera su tratamiento en el recinto, la Comuna no detuvo los controles. Este jueves por la mañana, agentes de tránsito municipal se apostaron en la cuadra de 50 entre 6 y 7, en pleno centro platense, para detectar e interceptar vehículos que operaran con aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify activadas. Las grúas de Control Ciudadano se llevaron a varios de esos autos en el lugar.
El procedimiento es la respuesta directa a los reclamos sostenidos de taxistas y remiseros habilitados, que durante meses vienen exigiendo mayor control sobre lo que consideran un servicio «ilegal» que compite en desventaja regulatoria. Pero también profundiza el malestar de los propios choferes de aplicaciones, que ya habían calificado operativos similares como una «cacería de brujas» y reiteran su pedido de un marco regulatorio que les permita trabajar con reglas claras.
Un debate que la ciudad arrastra desde hace meses
La tensión entre habilitación, control y necesidad social no es nueva. A comienzos de junio, el mismo bloque de LLA había impulsado otra iniciativa para regularizar la actividad con requisitos mínimos, en un intento de destrabar la discusión de fondo. Las plataformas digitales ya concentran una porción mayoritaria del transporte de alquiler en la ciudad: distintas mediciones ubican a Uber, DiDi y Cabify por encima del taxi tradicional en la cantidad de viajes diarios que se realizan en La Plata.
Ese dato ayuda a entender por qué el conflicto no se resuelve solo con operativos o solo con proyectos de suspensión de sanciones. Miles de vecinos usan estas aplicaciones a diario y un número creciente de conductores las eligió como actividad principal o complementaria. Sin una ordenanza específica, cada nuevo operativo o cada nuevo proyecto legislativo termina funcionando como un parche temporal antes que como una solución estructural.
Por ahora, el escenario sigue siendo el mismo de los últimos meses, choferes que reclaman poder trabajar, taxistas que exigen igualdad de condiciones y un Concejo Deliberante que todavía no logra acordar una regulación definitiva para una actividad que, mientras tanto, sigue moviéndose entre la tolerancia de hecho y la mano dura ocasional.
