El juez federal Sebastián Ramos encontró acreditado que el dirigente de Patria Grande encabezó el ingreso a la sede de Recoleta en junio de 2025. El procesamiento reactiva el debate sobre los límites de la protesta social y mete a Grabois en un brete judicial a meses de las elecciones.
El juez federal Sebastián Ramos procesó a Juan Grabois y lo embargó por 5 millones de pesos por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el sábado 7 de junio de 2025. Los delitos imputados: violación de domicilio y resistencia a la autoridad. También quedó procesado el militante Valentín Peralta, con un embargo de un millón de pesos.
La resolución, dictada el viernes, tiene un trasfondo político que va más allá del expediente.
Lo que dijo el juez —y lo que desmintió
Ramos tuvo por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al Instituto —que estaba cerrado y custodiado— y luego alentó la permanencia pese a la orden de desalojo de la Policía.
El dirigente había intentado correrse del centro de la escena. A través de su abogado Nicolás Rechanik, presentó un descargo sosteniendo que había llegado al lugar en carácter de abogado de una cooperativa, solo para mediar «institucionalmente», y que no había participado del ingreso.
El juez no le creyó. Los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar lindero —Un Café con Perón, conectado al Instituto por una puerta—, luego avanzando por el pasillo que une ambos espacios y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.
«Dichas imágenes resultan elocuentes para desvirtuar los dichos de esa parte», señala la resolución de Ramos. También pesó en contra de Grabois el hecho de haber convocado en sus redes sociales a «defender» el Instituto, que según él había sido «usurpado» por el «gobierno oligarca».
El contexto político de la toma
La protesta del 7 de junio de 2025 reunió a un grupo de exempleados del Instituto junto a dirigentes políticos. Participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho. El reclamo era contra el cierre del organismo, el despido del personal y una posible venta del edificio ubicado en la calle Austria, en Recoleta.
Los manifestantes fueron desalojados pocas horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, en medio de empujones y forcejeos, con Grabois detenido.
La respuesta de Patria Grande y el cruce con Lago Escondido
Tras el procesamiento, el frente Patria Grande calificó la medida como un «mamarracho jurídico» y vinculó la decisión con el sobreseimiento que el mismo juez Ramos ordenó para los investigados por el viaje a Lago Escondido, incluido el actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
El comunicado de Patria Grande también cruzó el procesamiento de Grabois con el llamado a indagatoria de José Luis Espert en San Isidro —causa que se inició con una denuncia del propio Grabois— y advirtió que esa investigación, si avanza, podría complicar a varios actores del ecosistema judicial y político.
En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano como querellante, lo que suma un componente de disputa institucional al expediente.
El perfil electoral
El procesamiento llega en un momento de recomposición del espacio kirchnerista de cara al ciclo electoral 2027. Para Grabois, que viene buscando posicionarse con perfil propio dentro del peronismo, el brete judicial no es menor: implica restricciones patrimoniales concretas y una causa abierta que puede escalar. Si la Cámara confirma el procesamiento, el caso podría avanzar hacia un juicio oral. La lectura política en el kirchnerismo duro es que el expediente tiene un objetivo político claro: desgastar a un dirigente incómodo para el Gobierno nacional.
