El ministro de Desregulación nació y se formó en La Plata. El CEO de Pint, también. Juntos empujan el proyecto que en junio entra al Congreso y que jubilaría a los colegios inmobiliarios.
La paradoja política se completa con un mercado platense donde el alquiler ya se come hasta el 45% del ingreso familiar y un Lipovetzky que dispara: «El inquilino hoy está peor».
La política habitacional vuelve al centro del tablero nacional y la coincidencia es difícil de ignorar: los dos rostros más fuertes del proyecto que reescribe el mercado inmobiliario argentino son platenses. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, nació en La Plata y estudió en la UNLP. Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint —la proptech que asesora la jugada—, también es de la ciudad y se formó en la misma universidad. El proyecto que ambos impulsan, y que el Gobierno enviará al Congreso en junio, elimina la obligatoriedad de matricularse en los colegios profesionales del sector y termina con los aranceles mínimos.
Es la segunda gran ofensiva oficial sobre el régimen de la vivienda, después del DNU 70/2023 que liquidó la Ley de Alquileres. La diferencia con aquella movida es de magnitud política: esta vez la reforma necesita pasar por el Congreso, en un escenario donde el PRO acaba de marcarle la cancha al Gobierno con su «Manifiesto Próximo Paso» y donde la Provincia de Buenos Aires tiene un mercado inmobiliario que viene mostrando los costuras desgastadas.
Sturzenegger, el platense desde el poder
Sturzenegger es uno de los nombres más identificados de la gestión libertaria, pero su origen platense suele quedar en segundo plano. Nacido en La Plata, formado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y con un posgrado en el MIT, llegó al Gobierno como pieza técnica del macrismo y se quedó como pieza estructural del mileísmo. Hoy maneja el ministerio creado para barrer regulaciones y disolvió ya decenas de organismos. Su lema operativo es conocido: «Los colegios inmobiliarios son un problema», dijo en cámara, en un mensaje que cayó como balde de agua fría en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata, una de las corporaciones más influyentes de la región.
La frase no es retórica: el ministro venía hablando hacía meses con sectores empresarios y proptechs sobre cómo blanquear ese rechazo en un proyecto concreto. La pieza que faltaba para darle volumen técnico fue, justamente, otro platense.
Casotti, el platense desde el sector privado
Casotti es producto íntegro del ecosistema platense. Estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, donde se especializó en Planificación y Diseño del Paisaje, y completó su recorrido académico en ESEADE. Arrancó como empleado administrativo en una de las principales inmobiliarias del Gran La Plata —el mismo circuito que ahora podría perder rentabilidad con la reforma que él impulsa— y escaló hasta socio y director comercial.
En 2018 fundó Pint en La Plata, una proptech especializada en gemelos digitales hiperrealistas y recorridos virtuales de propiedades. La empresa creció con sede platense, hoy opera en 25 ciudades del país bajo un modelo de outsourcing y se transformó en uno de los nombres más visibles del sector tecnológico inmobiliario argentino. Una de sus apuestas más recordadas fue la digitalización en 3D de la Catedral de La Plata, un proyecto que le dio difusión nacional.
El dato político que ordena el cuadro: Casotti fue separado de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) por militar la desregulación desde adentro del propio sector. Hoy es, junto a Sturzenegger, una de las voces visibles del proyecto. Fue visto cerrando la última reunión técnica con el ministro en la cena de la Fundación Libertad, gesto que confirmó la sintonía pública entre ambos.
El proyecto: cinco puntos que cambian las reglas
La iniciativa que entra al Congreso en junio se apoya en cinco ejes alineados con la doctrina libertaria de achicar regulaciones y abrir el mercado:
- Eliminación de la obligación de matrícula en colegios profesionales inmobiliarios.
- Conversión de los colegios en entidades voluntarias.
- Supresión de los aranceles mínimos que hoy funcionan como honorarios obligatorios.
- Apertura para que cualquier persona pueda actuar como corredor sin colegiación previa.
- Reducción de los costos de compraventa, con la promesa de un «boom de créditos hipotecarios».
En La Plata el impacto sería inmediato: el Colegio de Martilleros local nuclea a cientos de profesionales y mueve buena parte del flujo administrativo del Departamento Judicial. La reforma le saca peso institucional y le quita el monopolio del control de la actividad. La discusión va a ser política, técnica y, sobre todo, gremial.
La pelea política: Lipovetzky vs. el oficialismo
El otro polo del tablero lo ocupa Daniel Lipovetzky, el exdiputado del PRO que impulsó la Ley de Alquileres en 2020 y que hoy sostiene una postura incómoda para el macrismo: defiende su norma, reconoce errores y cuestiona el modelo libertario.
Su diagnóstico es contundente: «El inquilino promedio en Argentina estaba mejor con la ley que ahora». Lipovetzky advierte que muchos inquilinos destinan entre 50% y 60% de sus ingresos al alquiler, pagan dobles depósitos y carecen de estabilidad contractual. Su lectura más filosa apunta directo al corazón del DNU 70: «No desregularon, legislaron a favor de una sola parte».
Cita ejemplos concretos: si un inquilino rescinde antes por falta de pago, debe compensar al propietario con el 10% de los meses restantes; pero si es desalojado, no recibe nada y queda en la calle. Lipovetzky ya anunció que, si vuelve a tener banca, va a impulsar una «Ley de Alquileres 2.0».
La foto local: La Plata, capital del estrés inquilino
Mientras en Buenos Aires se discute el marco legal, en La Plata se juega la economía cotidiana. Los relevamientos locales muestran un cuadro que se endurece mes a mes:
- Los alquileres siguen subiendo y la oferta vuelve a contraerse.
- Las familias platenses ya destinan en promedio el 45% de sus ingresos al alquiler, un piso que en hogares de menores ingresos trepa al 60%.
- Un monoambiente en el Casco Urbano se ubica entre $350.000 y $450.000.
- Un dos ambientes va de $420.000 a $660.000 en zonas céntricas.
- En Tolosa, los monoambientes parten desde $380.000; City Bell, Gonnet y Villa Elisa mantienen los valores más altos del Gran La Plata.
La oferta está fuertemente concentrada en el rectángulo del casco entre 1, 19, 32 y 72, el área que combina cercanía a la Universidad, la administración pública provincial y los centros médicos. Eso explica buena parte de la presión sobre los precios: la oferta no logra absorber la demanda estudiantil ni la del empleo público bonaerense, principal motor económico de la ciudad.
El factor político local: ajustes, salarios y bolsillo bonaerense
El gran problema platense es estructural: el empleo en La Plata depende fuertemente del sector público provincial, y los salarios estatales bonaerenses vienen perdiendo contra la inflación desde 2024. El gobierno de Axel Kicillof atraviesa una pelea abierta con Nación por fondos coparticipables, y la pulseada se traslada a paritarias congeladas o cerradas por debajo del IPC.
Para los inquilinos platenses, el cuadro es claro: alquileres ajustados por inflación o por contratos en dólares, salarios que llegan tarde y un mercado que —tras el DNU 70— ofrece más oferta pero con condiciones más duras. Garantías propietarias, seguros de caución, depósitos dobles y plazos cortos volvieron a la escena.
La paradoja platense: dos hijos de la ciudad detrás de la reforma que la sacude
Acá aparece la lectura más sabrosa para una mirada local. Los dos protagonistas centrales del proyecto —ministro y asesor empresario— se formaron en la misma universidad pública que hoy alimenta de inquilinos al mercado que ambos quieren transformar. Sturzenegger pasó por Económicas, Casotti por Arquitectura. Ambos arrancaron sus carreras en circuitos platenses: el ministro como economista vinculado a la academia, el empresario como pasante en una inmobiliaria del Gran La Plata.
La pregunta de fondo es política: ¿qué pasa cuando los principales impulsores de una reforma estructural conocen, mejor que nadie, el mercado al que van a desarmar? Para el macrismo bonaerense —que viene de firmar un comunicado durísimo contra Milei— el dato es un argumento más para subir el tono: la reforma se redacta a medida de un actor empresarial específico, con conexión directa al ministro.
Los más expuestos son las inmobiliarias chicas y medianas de barrios como Tolosa, San Carlos, Los Hornos y Berisso, que sostienen estructuras familiares y dependen fuertemente del esquema de aranceles mínimos. La irrupción de proptechs sin obligación de matrícula —con comisiones más bajas, operación digital y escalable— las pone en una desventaja competitiva inmediata.
En la mesa del Colegio platense de Martilleros la incógnita es la misma que circula en otros distritos: cuánto más resisten las inmobiliarias tradicionales si cae el piso de aranceles. La gestión local ya alertó sobre el impacto y empezó a coordinar con sus pares de CABA y otras provincias una respuesta política a la avanzada de Sturzenegger.
La lectura entre líneas: a quién beneficia la desregulación
El proyecto plantea una promesa: bajar costos de compraventa y dinamizar el crédito hipotecario. Pero el debate central es otro: quién se queda con la torta del mercado liberado.
La presencia de Casotti en la mesa chica de Sturzenegger abre una pista. Las proptechs son las grandes beneficiadas si caen los colegios profesionales. El argumento técnico es el de la competencia y la baja de comisiones. El argumento político, menos visible, es el desplazamiento de un actor tradicional (la inmobiliaria de barrio) por un actor digital, escalable y, eventualmente, concentrado.
Lipovetzky lo resume con dureza: «El Gobierno deroga la ley pero incluye artículos que regulan todo a favor del propietario. Regula a favor del locador.»
La otra cara: lo que pasó con los alquileres tras el DNU 70
Los datos oficiales muestran que, tras la derogación de la Ley de Alquileres, la oferta de propiedades en alquiler creció un 300% y los precios reales cayeron alrededor de un 30% —medidos en dólares y descontando inflación—. Pero esa estadística agregada esconde una realidad más áspera: los contratos hoy son más cortos, los ajustes más frecuentes y los inquilinos con menos red de protección legal.
En La Plata, ese movimiento de oferta no se tradujo en alivio para los inquilinos: la presión sobre los precios sigue arriba y los hogares siguen estirando el sueldo para cubrir el techo. El cuello de botella sigue siendo el ingreso, no la cantidad de propiedades disponibles.
El choque político que se viene
El proyecto va a llegar al Congreso en un momento delicado para el oficialismo. El PRO marcó distancia con el comunicado del fin de semana, Lipovetzky —dirigente con peso en el bonaerense— se anota como vocero opositor a la reforma, y el peronismo bonaerense ya prepara la trinchera con la mirada puesta en 2027. La pelea por la vivienda se transforma así en uno de los grandes ejes de la disputa nacional del segundo semestre.
Para La Plata, el escenario es particularmente sensible: la ciudad combina inquilinos que dependen del empleo público bonaerense, una universidad que alimenta la demanda y un sector inmobiliario tradicional que se siente amenazado. Tres patas que, juntas, prometen mucho ruido cuando el proyecto entre a debate.
Proyección
Si el proyecto logra dictamen en junio y se vota antes de fin de año, La Plata va a entrar a 2027 con un mercado inmobiliario distinto, más abierto a las plataformas digitales y con menos peso del Colegio de Martilleros. La gran incógnita es si esa apertura se traduce en alivio para los inquilinos o solo en concentración para los nuevos actores tecnológicos. Por ahora, el dato político más fuerte es este: dos hijos de la ciudad, formados en la misma universidad pública, están reescribiendo las reglas del juego en el mercado de la vivienda. La discusión recién empieza y, como en cada capítulo reciente, el bolsillo del inquilino paga la cuenta primero.
